"La ley habla de mover, salvar un monumento, nunca arrancarlo"

Cancún, Quintana Roo. —Raymundo Tamay Tun, abogado que elaboró la denuncia desde Quintana Roo, interpuesta el 7 de julio ante la Fiscalía General de la República en Chetumal, por los arqueólogos Jesús E. Sánchez y Jaime Garduño, integrantes de la Comisión de Protección y Regulación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Investigadores, Profesores y Docentes del INAH, explicó a este diario que la legislación mexicana no contempla las acciones de reubicación de los monumentos arqueológicos mayas con la técnica y los criterios utilizados en el llamado Parque de la Memoria de Báalam Tun.

“La ley nunca habla de trasladar, mover, salvar, porque el concepto de salvamento está en dos vertientes: una, por causa de utilidad pública o privada, previamente requisitos establecidos por la ley. Es decir, para que hubiera una causa de utilidad pública para la destrucción de un inmueble se tienen que reunir requisitos que el propio INAH tiene, reglas, pero al final lo máximo que puede hacer el INAH es solicitar un desvío, pero nunca arrancarlo y llevarlo a otro lugar y presentarlo como si fuera original”, destacó.

Previendo la gravedad de sus acciones, subrayó, el Instituto publicó una serie de “lineamientos” o “protocolos” para el “salvamento” de vestigios arqueológicos que, en su opinión, carecen de validez legal, pues para incorporar ese tipo de términos y acciones no contempladas en la ley, ésta debió ser reformada, lo cual no sucedió.

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El documento de autorización del Consejo de Arqueología para realizar el salvamento y traslado de estructuras completas no ha sido mostrado. Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

El litigante —quien formó parte de la visita hecha al Parque el 19 de noviembre de 2025— expuso que luego de analizar el caso y hacer una revisión profunda del marco legal, en marzo de 2026 se decidió preparar la denuncia.

La querella va contra 26 funcionarios y exfuncionarios del Instituto, incluido el Consejo de Arqueología, el exdirector Diego Prieto, y Manuel Pérez Rivas, responsable del Proyecto de Salvamento Arqueológico que dio pie a lo que la institución defiende como una “reubicación, traslado y reconstrucción” de estructuras originales y lo que el investigador Jesús E. Sánchez denomina “una vil destrucción de monumentos arqueológicos, y una grosera falsificación”.

La Comisión Especial que denunció apunta a la probable comisión de delitos contra el patrimonio cultural mexicano reconocidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la Ley General de Bienes Nacionales.

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Tamay Tun detalló que, específicamente, se acusan daños a la propiedad de bienes nacionales en monumentos y zonas arqueológicas; fraude ideológico-arqueológico equiparado; falsificación de monumentos arqueológicos; lesa arqueología y daños a la cultura; mala praxis; ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades.

El abogado Raymundo Tamay Tun interpuso la denuncia el 7 de julio ante la Fiscalía General de la República en Chetumal. Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

El arqueólogo Sánchez indicó que la Comisión prepara acciones similares contra otros tres parques arqueológicos ligados a obras del Tren Maya y construidos bajo el mismo esquema, en Xpujil, Escárcega y cerca de Cobá, tras las inspecciones correspondientes.

Explicó que la legislación mexicana establece que cualquier obra pública o privada que pueda afectar zonas con vestigios arqueológicos debe contar con el visto bueno del Consejo de Arqueología del Instituto y desarrollar trabajos de salvamento conforme a las normas arqueológicas, cuya presidenta les informó que desconocía sobre el proyecto de salvamento.

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Sin embargo, dijo que desde el comienzo del proyecto el Instituto fue advertido sobre el riesgo que implicaba intervenir una región con cientos de asentamientos mayas conocidos y otros aún sin registrar.

Pese a esas alertas, la obra avanzó. En el proceso, arqueólogos del INAH denunciaron de manera reiterada la destrucción de estructuras prehispánicas, mientras que el Instituto destacaba sólo el rescate de miles de piezas arqueológicas.

Sánchez remarcó que, técnicamente, es imposible desmontar y reubicar un edificio prehispánico debido a su sistema constructivo, toda vez que estas edificaciones están conformadas por un núcleo de piedra y tierra compactada que, posteriormente, se reviste con piedras de fachada, por lo que retirar sólo ese revestimiento implica dejar destruida la estructura original.

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“De ninguna manera es una reconstrucción; es una construcción de edificios nuevos”, afirmó el investigador, quien insistió en que tampoco puede hablarse de una reubicación de monumentos ni de un rescate arqueológico.

Sánchez comentó que, durante la inspección de noviembre de 2025, integrantes de la Comisión Especial vieron que el pretendido salvamento era “una farsa”, pues quieren hacer creer que son edificios genuinos, pero son “edificios nuevos revestidos con piedras retiradas de las fachadas que se desmontaron de sus sitios originales”.

A su juicio, los edificios levantados en Báalam Tun constituyen una reproducción contemporánea presentada como si fuera patrimonio arqueológico auténtico, lo que configura una falsificación prevista como delito en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

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“Para construir Báalam Tun fueron desmanteladas 47 estructuras prehispánicas, cuyos núcleos quedaron abandonados en sus sitios originales. Esos núcleos pueden contener ofrendas, materiales arqueológicos e incluso entierros humanos, por lo que quedaron expuestos al deterioro natural y al saqueo”.

En aquel momento, recuerda, preguntaron a Manuel Pérez Rivas sobre la autorización del Consejo de Arqueología para realizar el salvamento y traslado de estructuras completas. El funcionario les mostró en su celular la imagen de un documento presuntamente autorizado. “Pero sabíamos ya que la presidenta del Consejo de Arqueología había dicho que ni siquiera estaban enterados del proyecto”.

EL UNIVERSAL solicitó a Pérez Rivas la copia del oficio de autorización, pero éste pidió hacer la solicitud al INAH que, hasta el cierre de edición no exhibió el documento.

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Sánchez comentó que las ciudades arqueológicas de donde provendrían esas fachadas no han sido plenamente identificadas de manera pública y dijo que al inicio Pérez Rivas les informó que las estructuras estaban fuera del derecho de vía del Tren Maya y, posteriormente, admitió que sí se encontraban dentro del trazo ferroviario.

Agregó que aún no han sido informados si el INAH ya fue notificado oficialmente de la denuncia y de la correspondiente apertura de la carpeta de investigación.

Al respecto, el abogado Tamay Tun dio a conocer que, debido a las “fuertes presiones” sobre el tema, el Sindicato decidió dar la espalda a la Comisión y dejarles solos en torno a la denuncia.

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“Nunca imaginaron que esto sería una bomba y que aquí iban a salir conductas delictivas, administrativas, que eso también está pendiente. Y cuando la Comisión presenta la denuncia, ahora el Sindicato se deslinda y desconoce a la Comisión que ellos mismos habían nombrado. “¿Por qué? Por las presiones políticas. Me preguntas, ¿qué complicaciones tiene la denuncia? Pues está, empezando desde casa, desde el propio Sindicato, que ahora resulta que se le voltea a la Comisión de investigación y los desconoce”, expresó.

Sobre la denuncia, Pérez Rivas, defendió su trabajo y el de sus colegas aseverando que se respetó el marco legal vigente, en concordancia con recomendaciones internacionales que prevén la reubicación y traslado “como un recurso de excepción”. “El Consejo de Arqueología revisó y analizó los datos de cada uno de estos monumentos antes de considerar viable su traslado”, manifestó.

No obstante, el Consejo también está denunciado.

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