El Parque de la Memoria Báalam Tun, cerrado por estar en litigio

Cancún, Quintana Roo.- El Parque de la Memoria Báalam Tun, construido en Chetumal para albergar estructuras arqueológicas mayas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asegura haber rescatado, a fin de garantizar su preservación y exhibición con fines culturales, permanece cerrado, a un año del anuncio de su inauguración.

El espacio forma parte de un proyecto de salvamento del patrimonio cultural y arqueológico, afectado por la construcción del Tren Maya en los Tramos 6 y 7, y su reubicación fue decidida como una “medida excepcional” de protección de antiguos vestigios, a decir del instituto.

Sin embargo, su creación también está ligada a una reciente denuncia penal que involucra a 26 funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el ex director del instituto, Diego Prieto, y el encargado del proyecto de salvamento, Manuel Pérez Rivas, por la probable destrucción de antiguos yacimientos, conjuntos ceremoniales y habitacionales de la civilización maya.

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El sitio se localiza en un predio de 2.8 hectáreas que perteneció a un antiguo banco de material, a decir del INAH, y que es propiedad del gobierno del estado. Se encuentra al poniente de la ciudad de Chetumal, en medio de exuberante vegetación y colinda a través de linderos con un recinto ferial –el Parque Quintana Roo– cerca de la salida hacia Bacalar, sobre la avenida Insurgentes, como lo pudo constatar EL UNIVERSAL.

Su inauguración se anunció en julio del 2025, con miras a abrir sus puertas a finales de agosto de ese año y se promocionó como el proyecto arqueológico de reubicación, restauración y rehabilitación “más grande de América Latina”.

El Parque de la Memoria Báalam Tun, cerrado por estar en litigio

Se dijo que el rescate abarcaba 47 estructuras (hoy se sabe que solo son 36) y que en los trabajos habían participado 29 arqueólogas y arqueólogos, apoyados de alta tecnología para reconstruir “pieza por pieza” monumentos arqueológicos originales, traídos de localidades como Juan Sarabia, González Ortega y Francisco Villa y sitios afectados por el trazo del Tren, en el municipio de Othón P. Blanco.

Sin embargo, a un año de aquello, el entonces llamado Parque Arqueológico Báalam Tun, aunque construido, sigue sin abrir sus puertas.

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Lejos de entrar en operación, el sitio –que conjuga parcialmente vestigios mayas con algunos juegos infantiles– fue duramente criticado por investigadores del Sindicato Nacional de Investigadores, Profesores y Docentes del INAH, el 20 de agosto del 2025.

En esa fecha se acordó la conformación de una Comisión Especial de arqueólogos que logró entrar e inspeccionar el lugar el 19 de noviembre de ese año y determinó que se trataba de una “falsificación”, que buscaba “justificar la destrucción masiva, intensiva y extensiva de patrimonio arqueológico”.

En plena polémica, al ponerse en duda el rigor arqueológico en los trabajos, el pretendido parque arqueológico tuvo que cambiar su nombre a “Parque de la Memoria Báalam Tun”, relata en entrevista con EL UNIVERSAL el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez Sánchez. “El parque no tiene nada de arqueológico, por eso le tuvieron que cambiar el nombre”, asegura.

En la actualidad el recinto luce solitario, sin personal, ni acceso; parece un lugar abandonado y no tiene fecha para abrir al público.

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Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, dijo a este diario que no se permite ingresar al sitio, ni se prevé su apertura porque “es parte de un litigio”, por lo cual también declinó hacer mayores declaraciones respecto al tema.

El Parque de la Memoria Báalam Tun, cerrado por estar en litigio

En efecto, existe una denuncia penal de 89 páginas que, junto con anexos, suma más de 600, que involucra a funcionarios y exfuncionarios del INAH y al propio recinto.

La denuncia fue interpuesta el pasado 7 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Chetumal, por los arqueólogos Jesús E. Sánchez y Jaime Garduño, como integrantes de la Comisión de Protección y Regulación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico (CPRPAHP) del Sindicato Nacional de Investigadores, Profesores y Docentes del INAH.

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Básicamente, se acusa en la querella que monumentos arqueológicos originales, localizados en el trazo del Tren Maya en los Tramos 6 y 7 –que pasan por la zona sur de Quintana Roo y parte de Campeche– fueron destruidos para poder pasar por ahí el ferrocarril y luego, varios de ellos, fueron llevados al Parque Báalam Tun para ser reubicados y sumarse a edificios “nuevos”.

En entrevista, Sánchez Sánchez, también director de Estudios Arqueológicos, explicó que esa región está plagada de vestigios no explorados ni registrados aún, pero existentes, los cuales fueron dañados o destruidos por las obras del proyecto ferroviario.

Sobre el caso Báalam Tun, Jesús Evaristo relató que el pretendido rescate consistió en desmontar las fachadas (paredes o muros) de los sitios arqueológicos originales, cuyo núcleo contenía muy probablemente vestigios, entierros y ofrendas, que quedaron expuestos y abandonados, a la intemperie y sujetos a inclemencias del clima.

Las fachadas fueron llevadas al terreno en donde se edificó el Parque, para revestir los nuevos edificios construidos con estructuras de otros sitios arqueológicos localizados en las localidades ejidales de Francisco Villa, Juan Sarabia y Jesús González Ortega, a fin de “simular una restauración”, según el arqueólogo.

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El también investigador sostiene que el proyecto de salvamento fue, en realidad, una “estrategia para ocultar la destrucción intensiva y extensiva de monumentos arqueológicos”, lo que constituye un delito penal.

Al respecto, Manuel Pérez Rivas, encargado del proyecto de salvamento, rechazó que se trate de una falsificación ni de destrucción.

“Los monumentos reubicados no corresponden a fragmentos aislados, sino a edificaciones y conjuntos arquitectónicos que conservaron su configuración e integridad arqueológica y arquitectónica, en la medida en que las condiciones de conservación lo permitieron.

“Muchos de estos monumentos ya presentaban, desde su hallazgo, colapsos parciales o la pérdida de elementos como resultado de saqueos o de procesos naturales ocurridos a lo largo de siglos. En este sentido, no se trasladaron ‘pedazos’ seleccionados de las estructuras; se reubicaron los monumentos completos hasta donde su estado de conservación y la evidencia arqueológica lo permitieron”, explicó.

Pérez Rivas afirmó que la reubicación fue “una medida excepcional” para la conservación del patrimonio arqueológico afectado, aplicada por el INAH, con la participación de 32 arqueólogos, 12 restauradores, 4 arquitectos, 2 pilotos de dron, un par de topógrafos, otros dos especialistas en procesamiento fotogramétrico, un enlace técnico responsable para integrar la información generada y un auxiliar administrativo.

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“La reubicación de monumentos en espacios públicos se consideró únicamente como un mecanismo de conservación de última instancia, una vez determinada la inviabilidad de realizar desvíos adicionales del trazo del tren, y la imposibilidad técnica y de seguridad para la obra de preservar estos monumentos dentro del derecho de vía.

“La inviabilidad de nuevos ajustes al trazo obedeció, además, a la alta densidad de vestigios arqueológicos presentes en la región, donde modificar nuevamente el recorrido para evitar determinados monumentos implicaba afectar otros conjuntos arqueológicos y en mayor número”, expuso.

El funcionario respondió a este medio que el Consejo de Arqueología analizó cada caso de manera individual y dictaminó la exploración total y la reubicación únicamente cuando las alternativas de conservación in situ y de modificación del trazo se consideraron agotadas.

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La prospección arqueológica para reubicar los monumentos en Báalam Tun se realizó entre julio y septiembre del 2024 y el traslado como tal en el primer semestre del 2025.

Para financiar los trabajos en el Parque, el funcionario indicó que no hubo presupuesto del INAH asignado, porque el proyecto se realizó “mediante aportaciones en especie de personal especializado, materiales, herramientas y otros insumos. No existió erogación de recursos del Instituto con cargo a un presupuesto específico para la adecuación del parque”.

El resultado es un recinto que, contrario a la cifra oficial manejada originalmente, cuenta con 36 monumentos arqueológicos cuya secuencia principal de ocupación corresponde a los periodos Clásico Temprano (300-600 d.C.) y Clásico Tardío (600-900 d.C.).

Lo monumentos trasladados al Parque proceden de los Tramos 6, en las inmediaciones de las localidades de Huay Pix y Xul-Ha; y del Tramo 7, de sitios cercanos a las localidades de Jesús González Ortega y Nicolás Bravo, dijo, excluyendo a Francisco Villa y Juan Sarabia, mencionadas originalmente.

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Sostuvo que el salvamento arqueológico está previsto en la normatividad nacional e internacional como un método válido para salvaguardar el patrimonio en obras de infraestructura de diversa índole.

“La reubicación fue necesaria porque las condiciones físicas y de seguridad asociadas a la estructura ferroviaria hicieron técnicamente inviable su conservación in situ. Los estudios técnicos realizados en el subsuelo determinaron que la permanencia de estas estructuras dentro del derecho de vía comprometía la estabilidad y seguridad de la vía.

“Aunque se evaluaron medidas de protección in situ, como la cobertura con geomalla, en este caso las cifras de carga no cumplían los parámetros de seguridad del terraplén. La modificación del trazo de la vía tampoco era una alternativa viable por múltiples factores, entre ellos, la alta densidad se monumentos arqueológicos en la región, de modo que cualquier otra variante del trazo habría implicado afectar mayor número de monumentos, reproduciendo el mismo problema”, sostuvo.

La inauguración del recinto se aplazó –no por la denuncia, atajó– sino por modificaciones al cronograma, derivados de “criterios técnicos”, además de que se continúa en una “fase activa” de preparación, con instituciones federales y estatales para “garantizar un acceso gratuito y consolidar contenidos educativos sobre el valor patrimonial de los monumentos mayas y las labores de salvamento arqueológico”.

La fecha de apertura sigue siendo un misterio, pero será comunicada por la Secretaría de Cultura del gobierno federal, el INAH y el gobierno estatal “una vez completados y definidos los procedimientos para la operación del área”, agregó.

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