La defensa de la soberanía se está convirtiendo en un discurso hueco, sin sustento. Este gobierno de la Transformación nos distrae a los mexicanos señalando a los posibles invasores de nuestro territorio como extranjeros.
Este planteamiento es políticamente muy rentable, -pues dándole el mismo significado histórico que tienen las invasiones del siglo XIX-, se infla con sentimentalismo patriótico el tema de la soberanía.
Sin embargo, la realidad cotidiana, día tras día nos muestra que el enemigo no está fuera de nuestras fronteras, sino dentro de nuestro país.
El Congreso, -dominado por MORENA-, con una perversidad leguleya utiliza el argumento de la soberanía vinculándolo con la intervención extranjera para poder anular elecciones cuando el resultado les sea adverso, invocando intervencionismo desde fuera de nuestro país.
Sin embargo, todos sabemos que hay regiones de México donde no se gobierna con la ley que emana de nuestra Constitución, sino que es el crimen organizado quien domina a los ayuntamientos legítimamente constituidos, controla la economía regional y somete a la ciudadanía a extorsiones.
El control regional del crimen organizado se sustenta en el uso de armas de alto poder y uso reservado para el ejército, con las que se enfrenta no sólo a policías, sino también a las fuerzas armadas. ¿Y la soberanía dónde quedó?
Las cárceles, -que en la práctica no son centros de readaptación social -, no están gobernadas por la ley. Las autoridades penitenciarias están coludidas con los internos que controlan el penal para extorsionar a los demás reclusos y a sus familias. La disciplina no existe y la autoridad la ejercen los reclusos, que pueden imponer su poder a través de la violencia. Esto es lo que se denomina “autogobierno”. ¿Y la soberanía donde quedó en ese reducido espacio que debiese estar totalmente bajo control gubernamental?
El cobro del derecho de piso es una doble tributación ilegal, -sustentada no en la legitimidad de la ley-, sino en la violencia ejercida por un grupo criminal. ¿Y la soberanía? … Vuelve a estar ausente.
Es evidente que este régimen, -a su conveniencia-, ha creado un fenómeno psicosocial para exigir respeto a la soberanía nacional y así enfrentar con apoyo popular la presión del gobierno de Estados Unidos, que exige se le entregue a los políticos morenistas vinculados con cárteles.
Sin embargo, la pérdida de soberanía interior, -perpetrada por grupos criminales-, es el resultado de la apatía y la inacción gubernamental, así como de la protección y contubernio de funcionarios públicos convertidos en cómplices de los delincuentes.
La realidad es que el tema de la soberanía se ha convertido en un discurso hueco e incongruente.
Vemos como paso a paso se ha ido deteniendo a los grandes capos que el gobierno norteamericano va señalando como un objetivo prioritario. En contraste, el avance del crimen organizado sigue ganando territorio.
De este modo se crea un gobierno paralelo. La policía municipal queda a su servicio, y el cobro de piso, -como impuesto paralelo-, se cobra a los micro y pequeños negocios y termina impactando el precio al consumidor.
De esta forma el Estado Mexicano va perdiendo territorio frente a un invasor violento que ha tomado como rehén a la población. Mientras tanto, el gobierno federal tiene puesta su atención en otros temas, principalmente en los electorales, que le permitirán a su partido retener el poder indefinidamente.
El tema de la soberanía hoy es complejo e impacta la gobernabilidad.
Detener a los grandes capos del narcotráfico para entregarlos a Estados Unidos no resuelve el problema de seguridad para los mexicanos. Simplemente baja la presión para este régimen, para que los norteamericanos dejen de exigir la entrega de militantes del partido oficial y entreguen medallitas de buena conducta a este gobierno.
¿Cuándo se volverá prioridad la seguridad de todos los mexicanos?
Justicia selectiva
Definitivamente este gobierno está utilizando la justicia para desgastar la imagen de la oposición.
La detención y encarcelamiento del exgobernador Ruffo Appel marcó el inicio de una estrategia rumbo al 2027, para decirle a los mexicanos que los corruptos están del lado de la oposición. Sin embargo, es evidente que en contraste se arropa y protege a los morenistas.
La detención exprés del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y en contraste la dilación y protección, tanto al ex gobernador Rocha Moya como al senador Insunsa, empiezan a perfilar una política judicial que genera desconfianza y nos orienta hacia el futuro, rumbo a un sistema judicial como el de Nicaragua.
Esta es una apuesta política que denigra a la reforma judicial, pues demuestra que en lugar de representar un avance para la aplicación de la justicia en beneficio de los mexicanos, le dio al gobierno de la transformación el poder para controlar aún más la política.
Si se demuestra que estos gobernadores ya encarcelados son culpables, pues que caiga sobre ellos el peso de la ley. Sin embargo, ¿qué nos garantiza que no se están manipulando las pruebas? ¿Por qué no enfrentan su proceso en prisión domiciliaria o en libertad?
¿Por qué para unos se ejerce una detención exprés y encarcelamiento y para los morenistas se continúan exigiendo pruebas al gobierno norteamericano? Es una evidente práctica dilatoria.
Nuevamente el petróleo
De acuerdo con estimaciones del exsubsecretario de energía del gobierno federal, -y ex rector de la UNAM-, Francisco Barnés de Castro, durante el primer semestre de este año en PEMEX hay un faltante contable de 23.3 millones de barriles de petróleo crudo que no se sabe dónde están. Esto significa un promedio de 129 mil barriles diarios, que en dinero suman 1,870 millones de dólares.
Este es un fenómeno que no inició este año, sino que viene creciendo desde tiempo atrás.
Si ésto lo contrastamos con el reciente descubrimiento de refinerías clandestinas a pie de carretera, con una gran infraestructura y con pipas preparadas para la distribución sistemática de combustible, podría darnos un indicio del destino de este faltante de petróleo crudo.
Un hecho curioso es que estando distribuidas en varios estados, cuando han llegado las autoridades a confiscarlas, no ha habido detenciones.
Tendremos que esperar el resultado de estas investigaciones.
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