La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo con contenido social, pero desafortunadamente también quedó sellada con un enorme anticlericalismo. La redacción de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución dejó clara la intención de restringir y perseguir la expresión de la única religión que masivamente se practicaba en México: la católica.
Ahí quedó en la letra de la Constitución y nada más. Fue hasta que Plutarco Elías Calles firmó el 21 de junio de 1926, lo que se conoció como “Ley Calles”. Se juntaron dos millones de firmas para que no se publicara la ley, pero el gobierno las tiró a la basura y en el Diario Oficial del 2 de julio publicó la ley con vigencia a partir del 31 de julio de 1926. Todas las infracciones o aparentes violaciones a las disposiciones se convertían en delitos y quien los cometía era un criminal.
Para que quedara clara la intención y el poder del gobierno, el artículo tercero transitorio señalaba: “Un ejemplar de esta Ley, impreso en caracteres fácilmente legibles, será fijado en las puertas principales de los templos o de los locales donde habitualmente se celebran actos de culto religioso”.
Los templos quedarían bajo la vigilancia de la autoridad. Por ningún motivo podrían asociarse bajo nombre religioso, ni podrían usar “trajes especiales”, ni distintivos religiosos (artículo 18) y aquí hay un largo etcétera. La Iglesia no autorizó las armas, pero en protesta no se celebrarían misas. El gobierno encontró los templos vacíos pero llenos de hombres y mujeres dispuestos a reclamar —de distinta manera— sus derechos y libertades. Empezaron los enfrentamientos y los mártires; el gobierno federal intensificó la persecución a tal grado que fue denunciada por el papa Pío XI.
Estamos recordando una historia silenciada y protagonizada por campesinos, ganaderos, artesanos y también mexicanos de clase media que no estuvieron dispuestos a reconocer una ley que formalmente era válida, pero injusta porque no respetaba los derechos humanos, ni las libertades, ni construía el bien común. Organizados, se enfrentaron al poder y nos llenamos de historias de heroísmo, de dudas, de reflexiones sobre la validez o no de la lucha armada y, después, nos llenamos de silencio.
El pasado viernes 31 de julio, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un mensaje con motivo de los cien años de aquel 1926. En ese mensaje la Iglesia no busca abrir las heridas, ni celebrar las armas, pero resalta los testimonios de fe de muchos mártires que deben honrarse por su valentía al denunciar la violación a sus libertades. El mensaje, que puede encontrarse en redes sociales, nos invita a la reflexión y a buscar la verdad para reconciliar la memoria histórica.
Es un recuerdo a mártires como Miguel Agustín Pro o como Anacleto González Flores que, después de ser torturado, les dijo: “Ustedes me matarán, pero sepan que la causa no morirá”. Nuestra historia está llena de historias valientes; muchos tenemos abuelos o bisabuelas que estuvieron en lo que hoy podríamos llamar resistencia civil, e incluso en el conflicto armado. La sociedad defendió como pudo —con armas o sin ellas— sus libertades.
Estamos a cien años del inicio de una crisis, como diría Jean Meyer, que estalló en 1926, a la que siguieron unos supuestos acuerdos y, años después, una segunda persecución. Las reformas de 1992 en materia religiosa pusieron fin a esa simulación. Al final, el Estado no ganó.
Que la memoria de la historia de aquellos años, que hoy es el recuerdo subversivo, nos arranque de la apatía para defender nuestras libertades a pesar de lo que diga una injusta ley aprobada por una mayoría artificial; a pesar de “lineamientos” que presenta el Ejecutivo para restringir la libertad de expresión; a pesar de juicios injustos y condenas sin procesos.
Cien años de aquel 31 de julio de 1926 requieren de una mirada histórica para reconocer de lo que los mexicanos somos capaces cuando nos organizamos y luchamos por nuestras libertades.
Diputada federal. @Mzavalagc