La defensa cerrada que el gobierno de Sheinbaum ha desplegado en favor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras la difusión de más (in)explicables audios en donde ofrece información de las mesas de seguridad de su estado, colaborar con el FBI y trasladarse a Panamá para salvar el pellejo, parece sustentarse en una hipótesis tan audaz como condescendiente; que el pueblo bueno y sabio carece de memoria, criterio o capacidad para escuchar por sí mismo.
La estrategia oficial en medio de la implosión narco-morena no ha consistido en despejar dudas sino en la desgastada narrativa de pedir un acto de fe político, como si la palabra del poder tuviera la virtud de borrar el contenido de las grabaciones.
Se trata del aldeano relato que no sólo evade el fondo del asunto, sino que termina por insultar la inteligencia del respetable al sugerir que basta una mañanera para convertir otro escándalo en una ficción y una evidencia incómoda en un simple malentendido.
Quizá sea la nueva epistemología gubernamental ante el embate in crescendo de la administración de Donald Trump: Los hechos dejan de existir cuando resultan políticamente inconvenientes para La Chingada y sus alrededores y la verdad se decreta desde el atril del Palacio.
El problema es que la realidad tiene la pésima costumbre de no someterse a la disci plina partidista y la narrativa del régimen está enfrentando un contexto de escrutinio interno y externo. Al torbellino de los audios donde la gobernadora danza en su propio tiradero y desastroso control de daños se suman las declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole, quien sostuvo que “existe una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano” y que se suma al señalamiento de Trump sobre “una alianza intolerable entre el gobierno de México y los cárteles del narcotráfico”.
¿Qué parte de esta escalada sistemática en la relación bilateral no se está entendiendo?
La respuesta de Sheinbaum ha sido la de rechazar las afirmaciones de manera categórica sosteniendo, para sorpresa de nadie, que no hay pruebas y que obedecen a motivaciones políticas. Sin embargo, descalificar una acusación no equivale a disipar las dudas razonables que se suscitan. En una democracia la credibilidad se construye, no se decreta. Y cuando la respuesta institucional consiste en negar o atribuir a conspiraciones de la ultraderecha, el mensaje implícito deja de ser una defensa del Estado para convertirse en una exigencia de obediencia intelectual.
Hace tiempo que la brújula del palacio está extraviada.
El epicentro Zambada es el punto de origen de una crisis política y el lugar donde colisionan la negación oficial y una realidad cada vez más difícil de maquillar; la innegable colusión de actores políticos de Morena con las organizaciones narcoterroristas.
Cada nueva revelación funciona como una réplica sísmica que agrieta el relato gubernamental exhibiendo contradicciones, explicaciones improvisadas y una preocupante incapacidad de comprender que el problema ya no es lo ocurrido con la trama del secuestro-entrega del capo, sino el peligroso deterioro institucional por la infiltración del crimen organizado que alcanza niveles sistémicos dejando de ser un problema exclusivo de seguridad para convertirse en una deformación del propio Estado. Y ese es el verdadero peligro. Una erosión ocurriendo de manera gradual, silenciosa y aceptada. Y para cuando se actúe, habrá ya daños irreversibles.
@GomezZalce