Hay cifras que, por su magnitud, dejan de ser estadísticas para convertirse en un llamado de conciencia nacional. México registra hoy más de 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas. Detrás de cada número hay una familia que no ha podido cerrar un duelo, una madre que sigue buscando, una silla vacía en la mesa y una pregunta que el Estado aún no ha podido responder: ¿dónde están?
Las desapariciones constituyen una de las crisis humanitarias más profundas que enfrenta nuestro país, una problemática que no distingue ideologías, regiones ni administraciones y que, tras años de acumulación, exige hoy una respuesta de Estado, no de partido. En una democracia, la protección de la vida y la garantía de la libertad constituyen la base del actuar del Estado. Sin embargo, cuando una persona desaparece y las instituciones son incapaces de localizarla, esclarecer los hechos o dar respuestas a sus familiares, ese compromiso esencial se ve vulnerado. La falta de resultados no solo prolonga el dolor de las víctimas, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La magnitud de la crisis exige acciones inmediatas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
Fue positivo que recientemente se haya recibido a madres buscadoras. Escuchar a quienes han convertido el dolor en una causa pública siempre será un paso en la dirección correcta. Ahora es necesario avanzar más: ampliar el diálogo, conocer de primera mano sus demandas y traducir esos encuentros en resultados verificables. Ahí comienza un verdadero compromiso institucional. Durante años, colectivos y organizaciones han asumido tareas que, en muchas ocasiones, corresponden a las autoridades. Con recursos propios han recorrido desiertos, cerros, campos y barrancas; han aprendido técnicas de búsqueda, construido bases de datos y, con demasiada frecuencia, han encontrado a sus seres queridos antes que las propias instituciones. Ninguna democracia debería normalizar que el dolor de las familias sustituya la responsabilidad del Estado.
Por eso, el desafío no puede atenderse con esfuerzos aislados. Es necesario fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las comisiones estatales, a las fiscalías especializadas y a los servicios forenses, con mayor presupuesto, tecnología de identificación humana, mejores sistemas de información y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno. A ello debe sumarse una obligación impostergable: garantizar condiciones de seguridad para las madres buscadoras, cuya labor merece reconocimiento, acompañamiento y protección.
La preocupación por esta crisis ya no pertenece únicamente al ámbito nacional. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha advertido sobre indicios de desapariciones de carácter generalizado y ha señalado los elevados niveles de impunidad que persisten en México. Este panorama debe asumirse con seriedad institucional: no como motivo de confrontación, sino como una oportunidad para corregir el rumbo y colocar a las víctimas en el centro de la acción pública. Frente a esta realidad, la discusión pública debe abandonar la lógica de la descalificación y concentrarse en construir soluciones. Las familias no reclaman discursos ni gestos aislados; esperan respuestas concretas. Su exigencia no nace de una confrontación política, sino de una necesidad elemental de verdad, justicia y certeza frente a una ausencia que el Estado tiene la obligación de atender.
Mientras una sola persona permanezca desaparecida y una sola familia siga buscando sin el respaldo suficiente de las instituciones, la tarea del Estado mexicano seguirá inconclusa. Encontrarlos no es únicamente una obligación legal. Es, sobre todo, un deber moral que define la calidad de nuestra democracia y la dignidad de nuestra República.
Presidenta de la Cámara de Diputados
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