Ante la presión por las protestas y plantones de las víctimas, la jefa de Gobierno anunció una estrategia integral contra el despojo: restitución exprés, judicialización, abogados gratuitos y todo el peso de la ley contra los “cárteles inmobiliarios”. Sin embargo, nada se dijo del origen del fenómeno.
Las víctimas relatan auténticas pesadillas: chapas cambiadas, escrituras falsas, poderes apócrifos y una maquinaria delictiva con terminales en despachos, juzgados y el Registro Público. El foco entero se concentra en el incendio, pero nadie pregunta quién roció la gasolina.
Los hechos no son una ocurrencia ni el resultado de una laguna burocrática, sino la consecuencia premeditada de una larga cadena de acontecimientos que se han documentado en más de una veintena de textos en esta columna de EL UNIVERSAL. 1) En febrero de 2019 entró en vigor el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la CDMX, en el que se pretendía proteger a invasores e inquilinos morosos frente al desalojo judicial; 2) en julio del mismo año se propuso extinguir el dominio de cualquier inmueble donde se violara un sello de clausura, incluso a espaldas del propietario; 3) en agosto entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que autoriza la venta anticipada de bienes y traslada al ciudadano la carga de probar su inocencia; 4) para 2020 se impulsó una reforma de arrendamiento que anulaba sanciones al ocupante incumplido; 5) En 2021, el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural declaró inalienable e imprescriptible cualquier inmueble tocado por una declaratoria, sin indemnización ni defensa posible; 6) En 2024, el Congreso local borró la propiedad privada como derecho humano de la Constitución capitalina; 7) En 2025 se sumaron la declaratoria "informativa" del artículo 132 del Código Fiscal con sus “rentas justas” y un programa del Infonavit para regularizar 145 mil viviendas invadidas bajo el principio tácito de ocupar primero y legalizar después. Finalmente: 8) En 2026, la Corte ató las rentas a la inflación y resucitó el fantasma de los alquileres congelados.
Todo esto no son capítulos aislados, sino una estrategia construida durante años para consumar la legalización del despojo en la que se entroniza la posesión sobre la propiedad mediante un sexenio de confección normativa orientada al arrebato institucional preparando el terreno para el despojo con ganzúa y falsificación de documentos. El delincuente no hizo sino replicar la lección impartida desde la tribuna parlamentaria: Un título que vale exclusivamente lo que dure la legislatura en turno.
La propia Jefa de Gobierno reveló sin darse cuenta el origen del problema: la incidencia del delito se mantiene estable desde 2019, año de la promulgación del artículo 60, de la ley de extinción de dominio por sellos rotos y de la normativa nacional de carácter confiscatorio. Su propia estadística sitúa el inicio de la crisis en el arranque de la demolición legislativa de la propiedad.
El régimen que entorpeció el desalojo judicial durante años, que pretendió obligar al propietario a sufragar vivienda sustituta para su invasor y que tuteló la morosidad, ahora promete restituir inmuebles en quince días. ¿En qué momento recuperó la propiedad privada su condición de urgencia para el Estado? Tan pronto como la crisis cobró protagonismo en las redes.
Las medidas anunciadas no implican una revisión ni un rediseño administrativo riguroso; sólo son una fachada para contener el escándalo y mantener intacto el entramado legal que garantiza que el próximo despojo cuente con el respaldo de la norma. La certeza jurídica exige la derogación sistemática del aparato que la destruyó.
Aplaudir promesas de quince días mientras sigue vigente un entramado legal articulado para legitimar el despojo equivale a agradecer por somníferos al verdugo que está a punto de ejecutarnos.
Notario y exprocurador de la República