Históricamente, la vida pública en México ha convivido con el lastre del tráfico de influencias y el patrimonialismo. La corrupción ha funcionado como un lamentable aceite estructural del sistema. No obstante, el presente rompe cualquier precedente histórico por una razón brutal: la irrupción sin paralelo del escrutinio exterior. Nunca habíamos presenciado una época en la que la justicia internacional y las agencias extranjeras enfocaran sus reflectores, de manera simultánea, sobre una lista tan inabarcable de narcopolíticos corruptos y delincuentes enquistados en el poder.
Las solicitudes de extradición, la cancelación de visas y las investigaciones abiertas contra el círculo más cercano al poder han dejado de ser episodios excepcionales. Las imputaciones por complicidad y la sospecha generalizada han dejado de ser un mero rumor de la picaresca local; condicionando de manera severa la soberanía del país y comprometiendo su prestigio institucional en los foros multilaterales.
Desde la formulación aristotélica de la virtud ciudadana hasta la célebre distinción de Max Weber entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad», el pensamiento político clásico ha reconocido que la conducción del Estado exige una prudencia singular. El gobernante opera en un terreno complejo donde las intenciones puras y los dogmas personales resultan insuficientes para garantizar el bienestar colectivo; la responsabilidad pública exige ponderar las consecuencias reales de las decisiones de poder. Sin embargo, esta distinción conceptual jamás pretendió legitimar la emancipación del poder respecto a su cauce ético. Una cosa es aceptar que la alta política entraña dilemas complejos, y otra muy diferente es institucionalizar la narcopolítica como método deliberado de gobierno.
Cuando el poder prescinde de cualquier límite moral, la corrupción deja de ser un accidente para convertirse en el oxígeno del régimen. Sólo en esa atmósfera enrarecida se explica que figuras como Rubén Rocha o Marina del Pilar operen bajo la pesada sombra de la colusión criminal sin enfrentar consecuencias. Ese mismo ecosistema permite que el asesinato de periodistas se vuelva un trámite cotidiano, tolerado por autoridades que prefieren silenciar la verdad antes que confrontar a los cárteles con los que cohabitan.
Frente al cerco de autoridades extranjeras resulta políticamente incomprensible la obstinación con la que el oficialismo cierra filas alrededor de los personajes acusados de su movimiento. La defensa permanente de políticos cuestionados, el reflejo automático de descalificar cualquier investigación y la facilidad con que se atribuye toda acusación a conspiraciones externas proyectan una imagen profundamente dañina.
Ningún gobierno fortalece su autoridad blindando a sus cuadros frente al escrutinio. La legitimidad nace precisamente de la disposición para investigar incluso a quienes comparten la misma camiseta política pues la impunidad partidista siempre termina convirtiéndose en impunidad institucional.
Al perder el Estado su prerrogativa fundamental, la vigencia del derecho, el gobierno claudicó y entregó el país a los cárteles. La pacificación fue una farsa; lo que realmente se logró fue consolidar enclaves criminales que terminaron exportando su violencia.
La podredumbre alcanzó tal magnitud que dejó de ser un problema doméstico y por eso la justicia internacional exige reparaciones ante la parálisis cómplice del gobierno mexicano.
Toda regeneración nacional exige, como mínimo, limpiar la propia casa. Ningún proyecto político puede sostener su supuesta superioridad moral cuando utiliza la lealtad partidista como un escudo contra la ley. La ética pública demanda romper este pacto de impunidad antes de que la realidad nos alcance. Culpar a los adversarios, invocar la ignorancia o fingir sorpresa ante cada nueva investigación es el equivalente político a taparse los ojos frente a un reflector.
La luz sigue ahí, inamovible, exponiendo la escena; lo único que el Estado pierde en ese acto de negación es su propia capacidad para mirar el desastre de frente.
Notario, ex Procurador General de la República
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.