“Ningún riesgo”, así contestó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del lunes 18 de mayo ante la pregunta de si veía algún riesgo en las posibles declaraciones del general en retiro Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de dicho gobierno, tras haberse entregado a autoridades estadounidenses.
Con un simple “no” contestó a una segunda pregunta en la que se le cuestionaba si veía algún riesgo de que su partido (Morena) pudiese ser declarado organización terrorista por Estados Unidos, dados sus vínculos con los cárteles en México.
Pese a dichas declaraciones, la comunicación no verbal de la mandataria parece indicar otra cosa. Parece que dicha entrega negociada le molesta y preocupa, ya que pone en entredicho su letanía de pedir pruebas en el caso de la solicitud de captura para extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha; del senador Enrique Inzunza; del alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gómez; y de otros siete funcionarios, entre ellos Mérida y Díaz.
Por días repitió una y otra vez “pruebas, pruebas, pruebas” ante todo cuestionamiento sobre el caso. La entrega de Mérida y Díaz trastoca esa narrativa.
Si “el que nada debe, nada teme”, ¿por qué dos de los acusados negociaron entregarse directamente a las autoridades estadounidenses que los acusan?
Si en efecto Mérida y Díaz eran inocentes, no tiene mucho sentido que se entregaran al gobierno de Estados Unidos (EU.). Lo lógico hubiese sido que confiaran en que las pruebas en su contra no eran suficientes para extraditarlos.
Sin embargo, ambos negociaron. Desde México, Mérida, y desde Europa, donde se encontraba de vacaciones, Díaz, acordaron con las autoridades de justicia estadounidenses su entrega para obtener beneficios ante una posible condena. ¡Rara conducta en quien se declara inocente y nada teme!
Ahora bien, ¿ello aumentará la presión para extraditar a los otros ocho acusados? Depende. La manera en la que procede este caso recuerda la forma en la que hace años ciertos colaboradores de la justicia se entregaron a las autoridades antimafia de Italia.
En algunos casos dichas entregas fueron clave para fortalecer las investigaciones que llevaron a la caída de muchos capos; en otras, fueron acciones orquestadas desde la misma delincuencia para que la colaboración -falsa- de algún personaje descarrilase las investigaciones.
Si Mérida y Díaz, de motu proprio, se entregaron, es muy probable que aporten más evidencia en contra de los otros imputados.
Si lo anterior fue acordado desde las alianzas corruptas de políticos y delincuentes, es de esperarse que la información de Mérida y Díaz exima por completo a los otros imputados y a Morena.
Lo cierto es que más allá de este caso particular, cada vez se cierra más el cerco en contra de aquellas autoridades mexicanas que han conspirado, facilitado u operado con los grupos de delincuencia organizada -que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras- para el trasiego de droga.
La semana pasada, el propio presidente Trump, el fiscal interino Todd Blanche y el director de la DEA, Terry Cole, advirtieron que “esto es solo el principio”, y que vendrían más acusaciones en contra de políticos ligados al narco.
Por ello, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las fiscalías federales triplicar el número de acusaciones en contra de los narcopolíticos mexicanos. Según el periódico New York Times, la orden es usar las leyes antiterrorismo contra funcionarios ligados a los cárteles, sin importar si esto molesta al gobierno mexicano.
De manera similar, el diario español ABC asegura que el gobierno de EE. UU. ya tiene preparadas acusaciones en contra de otros políticos morenistas por sus nexos con los narcoterroristas.
Sin duda, este es un momento de severa crisis para nuestro gobierno. La presidenta Sheinbaum está llamada a elegir entre su rol como mandataria de todos los mexicanos y su liderazgo partidista, donde muchos la presionarán para que se proteja a los integrantes de su partido a toda costa.
De nuevo “el que nada debe, nada teme”, si nuestros gobernantes nada temen, nada pasará en los próximos días.
Si, por el contrario, hay políticos con la conciencia sucia, veremos otras entregas negociadas con las autoridades de nuestro vecino del norte; veremos a otros simplemente desaparecer; tal vez veamos a algunos ser “víctimas de la delincuencia”, y a otros reclamarle al gabinete de seguridad “no haber impedido dichas entregas”.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
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