El pasado miércoles se hizo pública la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para detener con fines de extraditar a políticos y militantes del partido oficialista: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y 6 altos funcionarios de dicha entidad.
El hecho ha acaparado la conversación pública ante quienes se preguntan qué hará la presidenta y su gobierno ¿extraditarlos, extraditar a algunos o brindarles protección bajo el argumento que las pruebas aportadas por el gobierno estadounidense no son suficientemente contundentes?
En un primer y breve análisis podemos concluir que la presidenta Sheinbaum se enfrenta a una situación pierde-pierde.
Si el gobierno mexicano entrega a todos o a alguno entre los 9 morenistas por un lado corre el riesgo de una fractura interna al partido -muchos militantes consideran que la presidenta debe defender a toda costa a los integrantes de su partido-; por el otro, hay una alta probabilidad que, si dichos personajes son extraditados, negocien dar información -una que afectaría gravemente al movimiento de la 4T- con tal de obtener beneficios en sus condenas.
En contraste, si el gobierno mexicano rechaza tal solicitud, es probable que la relación con Estados Unidos empeore notablemente.
Con base en lo que hemos visto del actuar del gobierno del presidente Trump, sabemos que su administración usa la cooperación y el comercio como moneda de cambio para lograr sus objetivos. El aumento de los aranceles o incluso la cancelación del Tratado de Libre Comercio -particularmente cuando en poco tiempo se deberá renegociar-son un riesgo real, ante una posible negativa a dicha extradición.
Es evidente que la presidenta opina lo mismo dado que ya salió a aclarar que no se encuentra entre la espada y la pared.
En efecto, Sheinbaum no se encuentra entre la espada y la pared, se encuentra entre dos espadas donde haga lo que haga, una de las dos la terminará dañando a ella, a su gobierno, a su legado y al de su partido.
Decida lo que decida, la presidenta no puede argumentar que no hay evidencias de la relación de dichos morenistas, con la delincuencia organizada, aquí algunos ejemplos:
(1) En 2021, en la elección donde resultó ganador Rocha, desde el Observatorio Nacional Ciudadano exhibimos que en dicha entidad ocurrieron una serie de privaciones ilegales de la libertad, agresiones, lesiones dolosas, financiamiento ilegal en la campaña y la promoción activa del voto por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
Dichas evidencias se presentaron en el estudio “Delitos Electorales, Violencia electoral y Violencia Electoral por Condición de Género” ante las autoridades del INE y del Tribunal Federal Electoral, junto con otras organizaciones que presentaron denuncias complementarias. Pese a lo anterior, ninguna carpeta de investigación se inició.
(2) Públicamente Mario Zamora, quien era el candidato opositor a Rocha con la alianza PAN-PRI-PRD, tras reconocer su derrota, pidió a Morena y al Cartel de Sinaloa, que liberasen a todos los candidatos, militantes y operadores políticos de oposición que habían secuestrado.
De manera similar, el candidato opositor a la presidencia municipal de Ahome, pidió dejaran de golpear a sus colaboradores, mientras que la candidata opositora a presidente municipal de Badiraguato se bajó de la contienda el mismo día de la elección y promovió el voto en favor de Morena con el fin de que soltasen a su hermano, quien había sido “levantado” pocas horas antes.
(3) En 2023, se hizo público que los hijos de Rocha estaban involucrados en contratos millonarios por asignación directa para realizar obra pública sin que ello derivase en una investigación local o federal.
(4) Tras la extradición -nunca debidamente aclarada- del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el Mayo dio a conocer que llegó a los Estados Unidos engañado y secuestrado ya que él pensaba que se estaba dirigiendo a una reunión con el gobernador Rocha y el ex rector de la universidad de Sinaloa, Héctor Cuén.
Ante tal acusación, Rocha argumentó que estaba de vacaciones en Los Ángeles, sin aportar prueba alguna y sin que alguna autoridad investigase el hecho.
(5) El mismo día en que Zambada y Guzmán fueron detenidos por autoridades estadounidenses, se consumó el asesinato de Cuén. La fiscalía estatal declaró que el exrector murió durante un asalto en una gasolinera mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) desmintió dicha versión y señaló que las evidencias aportadas por la fiscalía sinaloense eran falsas y que el exrector había sido asesinado. Tras ello, la fiscal general de Sinaloa renunció, el entonces presidente López acudió a la entidad a renovar su total confianza en Rocha y el caso quedó impune.
Si todo lo anterior no fuese suficiente para iniciar una carpeta de investigación, sí lo debería ser el estado de violencia actual que se sufre en la entidad desde septiembre de 2024.
Desde que empezó la guerra intestina entre los Mayos y los Chapitos la violencia se disparó en Sinaloa. Si comparamos el periodo septiembre 2024-marzo 2026 contra los 19 meses anteriores, encontramos que las víctimas de homicidio doloso crecieron 219%; las de desaparición de personas 82%; las de lesiones dolosas con arma de fuego 220%, las de secuestro 88%, las de otros delitos que atentan contra la libertad personal 41%; las de extorsión 32%; las de robo con violencia 110%.; las de robo de vehículo 109%; las de robo a negocio 24% y el narcomenudeo aumentó 32%.
Además esas 2709 víctimas de homicidio doloso y 2,621 de desaparición de personas que se registraron en los últimos 19 meses, podrían ser muchas menos respecto a las que ocurrieron y no se registraron
Ante tal desastre, la federación ha apoyado enviando a decenas de miles de efectivos de las fuerzas federales a la entidad. Pese a ello, la situación en Sinaloa es crítica ¿por qué? Indudablemente por la penetración de la delincuencia organizada en las instituciones locales, algo que sin duda debería ser investigado por la FGR.
Entonces ¿cómo actuará el gobierno federal? ¿Verá por los intereses de su partido o por los del país? Difícil saberlo, lo que es claro que en esta situación, donde la presidenta se encuentra entre la espada y la espada, debería actuar rápidamente, con la altura esperada de un Jefe de Estado y en la plena conciencia que si antepone su militancia por encima del bienestar de nuestro país, las consecuencias podrían ser desastrosas para millones de mexicanos.
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