Una estrategia de manejo de comunicación institucional y su gestión reputacional, tiene propósitos irrenunciables, que son el informar con veracidad, transparentar la gestión del Estado y ofrecer certidumbre a la ciudadanía. Cuando esto no sucede y se usa el poder para insinuar, amedrentar, exhibir o señalar, lo que al Estado no le gusta, lejos de generar una buena señal de comunicación, genera un mal antecedente de su función vital como autoridad.
Cuando la vocería gubernamental se aparta de los principios de la imparcialidad para asumir el rol de juzgador de la prensa, incurre en una falla técnica de comunicación institucional que cruza una frontera peligrosa hacia la intimidación política. Hace una semana se difundió en la conferencia matutina de la Presidencia, una lista de periodistas expuesta desde la Consejería Jurídica, para mostrar a los que no se portan bien con ellos. El tema representa un caso de estudio idóneo sobre cómo el desvío de las buenas prácticas de la comunicación estatal vulnera de forma directa la libertad de expresión en México.
En cualquier diseño de estrategia de comunicación de crisis para el sector público, existen premisas básicas sobre el ejercicio del derecho de réplica. La réplica técnica y ética debe argumentar de manera puntual sobre hechos, datos e imprecisiones, evitando a toda costa la personalización del conflicto y el ataque a la identidad o trayectoria del emisor.
Resulta indispensable preservar el perfil técnico y la vocación de la entidad que emite el mensaje. Cuando una Consejería Jurídica, órgano responsable de velar por la constitucionalidad y el rigor legal del Ejecutivo, se transforma en una oficina de señalamiento mediático, invalida su propia autoridad moral y deteriora de manera drástica la reputación institucional de la entidad a la que representa.
Este quiebre técnico en la vocería del Estado tiene consecuencias que van mucho más allá de una mala praxis en relaciones públicas o de un episodio más de polarización en la agenda mediática.
Sus repercusiones reales alteran el ecosistema democrático, tensan la relación y erosionan la libertad de prensa. En un entorno calificado sistemáticamente como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, los adjetivos, análisis de contenido y señalamientos emitidos desde la cúpula del poder público no caen en el vacío, sino que detonan el fenómeno que la doctrina internacional de derechos humanos define como el "efecto inhibidor".
Al colocar el sello de adversario sobre un comunicador o un medio de comunicación utilizando la infraestructura y el peso del aparato legal del Estado, se genera una asimetría de poder desproporcionada que expone al periodista a un medio a un ambiente de mayor vulnerabilidad y hostilidad, tanto en el entorno digital como en el físico. Analicemos el linchamiento en redes que recibieron los periodistas y medios que aparecen en esa lista. La pregunta clave es, ¿cuánto tiempo durará el linchamiento hacia ellos?
El mensaje implícito que la autoridad emite hacia las redacciones y a los reporteros es claro, ejercer la crítica y el escrutinio sobre el poder público tiene como consecuencia la exposición dirigida y la sanción reputacional.
Bajo la lógica de si no me gusta lo que dices, te exhibo, se detonará deliberadamente una carga de animadversión social con altas dosis de hostilidad. Esto resulta particularmente grave, ya que, desde las buenas prácticas de la comunicación estratégica, las crisis de legitimidad basadas en el odio polarizado se cuentan entre las más complejas y difíciles de resolver.
Esta dinámica induce progresivamente a la autocensura, desincentiva la investigación periodística sobre asuntos de interés público y asfixia el debate plural que requiere toda sociedad democrática. Es difícil que los periodistas incluidos en la lista oficial cambien el enfoque crítico que tiene su estilo de informar, en algunos casos medirán sus palabras; sin embargo, los que no están en esa lista lo pensarán dos veces al informar temas fundamentales, para no entrar en una nueva lista de malportados.
Aunque este listado inicial parece circunscribirse a periodistas y medios específicos, el mensaje trasciende los límites del gremio y se instala como un precedente inquietante para la ciudadanía.
La preocupación social es fundada, bajo una lógica de subordinación sistémica, la neutralización del Poder Judicial y el silenciamiento de la prensa crítica no son fines en sí mismos, sino el preludio del desbordamiento de la censura hacia el resto de la sociedad. Si el aparato estatal logra normalizar la coacción contra los contrapesos institucionales y mediáticos, la libertad del ciudadano de a pie para disentir será, inevitablemente, la siguiente víctima de esta espiral de silencio impuesto.
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