El poder que tiene el discurso más enardecido o más estridente, equivale a la misma fuerza que tiene el silencio o el vacío, dicho esto desde una perspectiva de comunicación institucional. En el manual sobrevivencia política, no asistir a un evento en donde el control se lo dejamos a la ausencia; es una estrategia de control de daños que desde su planeación ya es fallida. La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca (Ciudad de México), dejó una silla notoriamente ausente; la del Estado mexicano.

La no presencia fue mucho más que la simple falta de afición deportiva; evidenció el temor institucional al juicio de la tribuna y la esperada rechifla. Para cualquier mandatario, un estadio colmado con más de 80 mil almas es el escenario de mayor vulnerabilidad comunicativa. Ante una audiencia diversa, el gobernante se despoja del blindaje de las conferencias mañaneras, de los periodistas a modo; o de los eventos con asistentes controlados. La ausencia de la Presidenta en el Estadio Ciudad de México, tuvo un objetivo nítido, evitar una rechifla monumental de resonancia global.

Al declinar la comparecencia en el escaparate más importante de la década para el país, la narrativa oficial no proyectó prudencia, sino debilidad. La falta de la máxima autoridad del Estado en la inauguración de una justa de esta magnitud envía un mensaje de fractura interna hacia el exterior; comunica al mundo que las calles y los estadios de la nación no son transitables para sus propios gobernantes.

Este repliegue de la imagen presidencial se conecta de forma directa con la política de comunicación y de contención que el régimen ha implementado en las afueras de los recintos importantes de este país. Cuando la tónica oficial es el amurallamiento y el uso de la fuerza pública, el mensaje es unívoco, con la disidencia no se negocia.

Lo vimos en las inmediaciones del propio Estadio Ciudad de México, en donde unos 40 juzgadores federales en retiro forzoso, algunos de ellos integrantes de la JUFED, concentrados originalmente a la altura de Perisur, fueron impedidos de realizar una protesta para exigir respeto a sus condiciones laborales o de retiro justo.

El encapsulamiento y los toletes contra jueces y magistrados jubilados, ejecutados bajo la urgencia de no afear el panorama ante la mirada de las delegaciones internacionales, comunica una profunda contradicción sistémica. El gobierno intenta proyectar orden hacia afuera mientras exhibe autoritarismo hacia adentro. La misma mordaza que se le aplica a los impartidores de justicia en retiro forzoso se ha ensayado antes con las madres buscadoras que cargan palas y con los profesores que reclaman derechos elementales.

En el ecosistema de la comunicación pública, silenciar la protesta no desaparece el problema; lo acentúa. Las vallas y los operativos policiales en los alrededores de los eventos masivos operan como el reverso de la silla vacía en el Estadio Azteca, ambos son monumentos al miedo.

Un gobierno que necesita esconder a sus víctimas, a sus maestros y a sus jueces caídos para poder vender una postal de estabilidad al extranjero, es un gobierno que ha perdido la batalla por la legitimidad discursiva.

La rechifla se evitó en el sonido local del estadio, sí. Pero el eco de los golpes a las afueras y la elocuencia de una ausencia presidencial en el palco de honor resuenan con mucha más fuerza en la crónica internacional de un país cuyas instituciones democráticas continúan al filo de la fractura.

Director General de REDCE Comunicación y especialista en Relaciones Públicas y Comunicación de Crisis.

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