En el manual de Management de la Comunicación, existe una premisa fundamental que dice que la forma es fondo; y el diseño institucional no es un lienzo para el capricho ideológico. Lo sucedido en la Ciudad de México con la sustitución de las líneas de señalización vial amarillas por franjas de color morado trasciende la mera ocurrencia decorativa para instalarse en el terreno de la irresponsabilidad gubernamental y el desconocimiento técnico de normas internacionales.
Bajo el cobijo de una supuesta exaltación de una perspectiva de género urbana, la administración local decidió ignorar la normativa de la movilidad y la seguridad en materia de tránsito e impuso el criterio así se ve mejor, pinten rayas moradas.
La política pública no se diagnostica con brocha gorda ni se legitima alterando la infraestructura que salva vidas. Al pintar de morado lo que por norma internacional debe ser amarillo, el gobierno de la CDMX no estaba protegiendo a las mujeres; estaba generando un distractor de alto riesgo y destruyendo los códigos universales de la Gobernanza Confiable.
La actual narrativa oficialista asume de manera simplista que visibilizar una causa legítima, como la erradicación de la violencia de género, equivale a intervenir cromáticamente el pavimento. Se reduce una problemática estructural, presupuestal y de procuración de justicia a una mera operación de branding político.
Desde la perspectiva de la ingeniería vial y la psicología del color aplicada al tránsito, el uso del amarillo y el blanco no es un acuerdo arbitrario; responde a estrictos estudios de viabilidad y visibilidad fotométrica. El amarillo internacional está calibrado para garantizar el mayor contraste posible bajo condiciones climáticas adversas (lluvia, neblina) y durante la conducción nocturna, siendo el espectro que el ojo humano procesa con mayor rapidez en situaciones de emergencia.
Alterar esta constante con un tono morado de baja reflectividad es violar la NOM-034-SCT2/SEDATU y romper el principio de predictibilidad del entorno urbano. El conductor no necesita que el pavimento le mande un mensaje político; necesita que le indique, sin ambigüedades, dónde termina su carril, hasta a dónde puede estacionarse.
Este fenómeno representa lo que en teoría de la comunicación denominamos un ruido de agenda. Ante la incapacidad de ofrecer respuestas contundentes en los ministerios públicos o de garantizar transportes públicos seguros, el aparato estatal recurre a la estética de la simulación. Es el mismo patrón asimétrico que observamos en las grandes crisis políticas: se eleva el impacto visual de un distractor periférico para intentar ocultar la inoperancia del fondo.
La señalización universal es el lenguaje con el que el Estado habla con el ciudadano para protegerlo. Cuando ese lenguaje se corrompe por intereses de posicionamiento partidista, el mensaje se distorsiona. Un observador razonable no ve en esas líneas moradas una política de Estado a favor de la equidad; ve una intervención improvisada que pone en riesgo la seguridad vial de las mismas personas que dice defender.
Ante el tamaño de un error que resultó técnicamente indefendible, al aparato capitalino no le quedó más remedio que recular de forma desordenada. En una escena que raya en lo grotesco, cuadrillas de trabajadores viales tuvieron que regresar a marchas forzadas a despintar ajolotes y devolver el amarillo normativo a los pavimentos, dejando apenas algún sutil motivo morado en las esquinas para intentar salvar el orgullo y evitar pasar por ignorantes.
Más allá del ridículo institucional y de la evidente crisis de reputación, queda en el aire la pregunta que verdaderamente importa, ¿cuánto le cuestan estas ocurrencias cromáticas y sus posteriores remiendos a los bolsillos de los habitantes de la Ciudad de México? Borrar la soberbia ideológica sobre el asfalto también se factura con recursos públicos, aunque digan que no.
La certidumbre jurídica y la seguridad física de una metrópoli dependen del respeto irrestricto a la técnica y a los manuales de operación. La administración de la CDMX debe entender que el espacio público no es una extensión de su área de comunicación y propaganda ni una valla publicitaria para su narrativa de turno.
Pintar la raya no es solo delimitar un carril; es establecer el límite donde la ideología debe detenerse ante la ciencia y el sentido común. La seguridad nacional y la movilidad urbana exigen pensamiento complejo y rigor normativo. Si el gobierno insiste en seguir gobernando a través de ocurrencias cromáticas, la realidad terminará por cobrar la factura en los cruceros de la ciudad. Es momento de que la ciudadanía y los técnicos pinten su raya frente a las ocurrencias.
Director General de REDCE Comunicación y especialista en Relaciones Públicas y Comunicación de Crisis.