El viernes pasado participé en Tijuana en un foro de seguridad organizado por el PRI. Coincidí con tres exgobernadores, Rubén Moreira Valdez, Rolando Zapata Bello y Miguel Alonso Reyes. Escucharlos me recordó una clasificación que desarrollo en la documentación de mis experiencias, anécdotas y aprendizajes, donde analizo las distintas conductas que han asumido los gobernadores frente a la inseguridad durante las últimas tres décadas.
No es demasiado complicada. Hay tres tipos. Los que son omisos y dominan el singular arte de hacerse tarugos. Los que terminan convertidos en cómplices del crimen, por corrupción, miedo, conveniencia o una mezcla de todo. Y los que deciden enfrentar a los delincuentes sin esconderse detrás del eterno pretexto de las competencias legales.
Esta última categoría merece reconocimiento. Gobernar una entidad asediada por organizaciones criminales significa asumir costos políticos, legales y hasta personales.
Rubén Moreira lo hizo en Coahuila cuando Los Zetas representaban una enorme amenaza para el estado. Su gobierno construyó capacidades operativas locales, fortaleció instituciones y articuló esfuerzos con el Gobierno federal para recuperar territorios y tranquilidad.
Después existió algo todavía más difícil en la política mexicana, continuidad. Miguel Riquelme y el actual mandatario Manolo Jiménez tuvieron la inteligencia para oxigenar la estrategia sin destruir lo que funcionaba solamente porque venía del gobierno anterior. Aunque parezca sencillo, no lo es. En la política mexicana existe una enorme afición por llegar, cambiarle el nombre a todo y comenzar de nuevo, aunque lo anterior esté dando resultados.
El mejor ejemplo lo tenemos enfrente. La estrategia de seguridad del actual Gobierno federal es muy distinta a la del sexenio de López Obrador. Vaya paradoja. Son de la misma familia política, presumen el mismo proyecto y, afortunadamente, en seguridad decidieron hacer cosas muy diferentes. Cuando algo funciona no hay que destruirlo. Cuando algo fracasa, tampoco hay que defenderlo por lealtad política.
Yucatán representa otra historia. Ahí se construyó algo excepcional en México, un acuerdo político y social alrededor de la seguridad. Gobiernos de distintos partidos han llegado y se han ido durante más de dos décadas sin cometer la estupidez de empezar desde cero cada seis años. La estrategia se ha actualizado, se ha invertido en tecnología, se han fortalecido las capacidades policiales y se ha mantenido la coordinación con la Federación. El resultado está a la vista. Es una experiencia que merece documentarse y estudiarse con mucha mayor profundidad.
Miguel Alonso Reyes también dejó en Zacatecas una entidad con niveles aceptables de seguridad. Hubo inversiones tecnológicas, profesionalización policial y una focalización acertada de recursos y esfuerzos. Lamentablemente, Zacatecas no consiguió convertir esa política en patrimonio del estado. Los vaivenes políticos y las decisiones posteriores terminaron pasando factura hasta convertirla en una de las entidades más golpeadas por la violencia.
Los tres casos tienen diferencias importantes, pero comparten algo básico. Sus gobernadores entendieron que la seguridad también era responsabilidad de ellos. Durante años hemos escuchado gobernadores explicar que los homicidios corresponden a la delincuencia organizada, que las armas vienen de Estados Unidos, que los delitos federales son responsabilidad de la Federación o que las policías municipales no dependen de ellos. El catálogo de pretextos suele ser bastante más amplio que el de resultados. Los criminales, mientras tanto, jamás han perdido tiempo discutiendo competencias jurídicas.
Coahuila, Yucatán y en su momento Zacatecas demuestran que un gobernador sí puede cambiar la historia de seguridad de su estado. No hay recetas milagrosas. Hay liderazgo, policías capaces, tecnología, inteligencia, coordinación, dinero bien invertido y, principalmente, voluntad para enfrentar al crimen.
Hacerse tarugo también es una decisión de gobierno. Tiene algunas ventajas. Evita pleitos, reduce riesgos, permite repartir culpas y hasta ayuda a terminar el sexenio con menos enemigos. El pequeño inconveniente es que los criminales ocupan los espacios que la autoridad decide abandonar y la factura termina pagándola la gente.
Por fortuna también existen gobernantes que escogieron el camino contrario y demostraron que sí se puede. De eso se trató buena parte de la conversación del viernes en Tijuana. Tal vez recuperar la seguridad en México empiece por algo mucho menos complicado de lo que nos han querido vender durante años. Dejar de inventar pretextos, aprender de lo que sí funcionó y, sobre todo, dejar de hacerse tarugos.
Especialista en Seguridad