A finales de febrero de 2025 tuve una reunión en Michoacán que hoy recuerdo con enorme tristeza. El general José Alfredo Ortega Reyes, quien meses antes había concluido su responsabilidad como secretario de Seguridad Pública después de una gestión que logró avances importantes en una entidad golpeada durante años por la violencia, invitó a Bernardo Bravo Manríquez.
Bernardo, haciendo honor a su apellido, encabezaba con determinación y carácter a los citricultores del Valle de Apatzingán.
La conversación entre los tres fue larga y profunda. Hablamos del enorme poder alcanzado por las organizaciones criminales, del impuesto que cobran a productores y comerciantes, de las dudas sobre complicidades políticas e institucionales y de la tolerancia que durante el sexenio de López Obrador permitió a distintos grupos criminales ampliar su influencia territorial, económica y social. Una convivencia que en diferentes regiones del país terminó siendo sospechosamente funcional a los intereses electorales de Morena.
Bernardo conocía esa realidad desde abajo. Representaba a productores obligados a trabajar e invertir en lugares donde el crimen pretende decidir cuánto producen, cuánto venden y cuánto deben pagar para dejarlos trabajar.
Al despedirnos le hice una recomendación. Que no abandonara su causa ni perdiera el carácter, pero que actuara con inteligencia y prudencia. Se lo decía por experiencia.
También hablamos de algo que acababa de ocurrir. Días antes, Estados Unidos había designado a seis organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. Le comenté que aquella decisión podía terminar afectando incluso a quienes, obligados por miedo y abandonados por sus autoridades, mantuvieran algún tipo de relación económica con esos grupos.
Meses después, Bernardo Bravo fue asesinado. Su cuerpo fue localizado el 20 de octubre. Le arrebataron la vida a un mexicano trabajador y valiente que decidió resistirse al dominio criminal.
Esta semana recordé aquella conversación.
Estados Unidos retiró temporalmente a su personal de Michoacán por razones de seguridad. La consecuencia fue la suspensión de las inspecciones necesarias para nuevas exportaciones de aguacate hacia ese país. Si la medida se prolonga, el daño económico será enorme.
Nada de esto apareció de la noche a la mañana.
Michoacán lleva años acumulando violencia, extorsión, control territorial y una preocupante debilidad institucional. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no ha logrado revertir esa situación y su administración carga además con rumores y señalamientos que han deteriorado seriamente su credibilidad. Mientras tanto, la rendición de cuentas prácticamente desapareció. La propaganda y la disciplina partidista han sustituido demasiadas veces la obligación elemental de explicar qué está pasando.
Un gobierno que no puede proteger a sus productores, recuperar territorios y generar confianza dentro y fuera del país termina provocando consecuencias que van mucho más allá de la seguridad pública. El problema se vuelve económico y termina alcanzando la seguridad nacional.
Durante meses hemos discutido si la designación de los cárteles como organizaciones terroristas provocaría operaciones militares estadounidenses en México. Drones, fuerzas especiales, acciones encubiertas.
Tal vez estábamos observando solamente una parte del tablero.
Estados Unidos dispone de instrumentos menos espectaculares y posiblemente más efectivos para presionar. Visas, comercio, sistema financiero, inspecciones, inversiones, restricciones económicas y acceso al mercado más importante del planeta.
Primero el crimen cobra al productor. Después asesina al que se resiste. Al final, la incapacidad del gobierno termina cerrando mercados y castigando a quienes trabajan dentro de la legalidad.
El impuesto criminal que durante años toleró el Estado mexicano puede terminar convertido en un impuesto económico para todos.
Bernardo Bravo conoció el primero y pagó con su vida por enfrentarlo.
Michoacán comienza a conocer el segundo.
Pensamos que la presión estadounidense llegaría con soldados, drones o misiles. Puede llegar de una manera mucho más sencilla y dolorosa.
Cerrando mercados, congelando dinero y convirtiendo nuestra inseguridad en riesgo económico internacional.
Si el gobierno decide no cobrarle las consecuencias al crimen, alguien termina cobrándoselas al país y a sus ciudadanos.
Y esa factura puede venir en inglés y en dólares.