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Desde 2018 han persistido anomalías por mal uso de recursos que el gobierno federal destina a los estados para el pago de nómina y operación de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que son cerca de mil millones de pesos los daños al erario, derivados de presuntos fraudes como pago a maestros ausentes de las aulas, financiamiento de trabajadores no identificados en sus centros laborales y pago a personal docente o administrativo ya fallecido.
Lo anterior impacta con más fuerza en los estados donde opera y mantiene un control histórico la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
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Las inconsistencias presupuestales se han detectado en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y mantiene un patrón sistémico que se repite año con año.
En la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó daños iniciales por 221.4 millones de pesos dentro de este fondo federalizado. En ese ejercicio, se detectaron pagos por 661.7 millones de pesos a trabajadores que no pudieron ser localizados en las escuelas, sumados a 73.7 millones de pesos entregados de forma irregular a personal que gozaba de licencias laborales.
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Para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, se detectó que 21 gobiernos estatales destinaron más de 156.4 millones de pesos de recursos federales exclusivamente para pagar las nóminas de profesores y trabajadores de la educación que ya habían fallecido.
La fiscalización comprobó que las administraciones locales realizaron 27 mil 854 pagos ilegales en beneficio de 4 mil 160 empleados difuntos a nivel nacional. Sólo en 2020, el desembolso a personas fallecidas ascendió a 107.9 millones de pesos.
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Entre los estados que se negaron a comprobar o solventar el destino de estos recursos destacaron Michoacán y Oaxaca, dejando una bolsa pendiente de aclarar de 7.2 millones de pesos en ese rubro.
Para el año 2021, los presuntos daños a la Hacienda dentro del FONE sumaron 262 millones 712 mil 100 pesos. Aunque Nayarit registró la cifra más alta de presuntos daños al erario, el estado de Michoacán, bastión de la Sección 18 de la CNTE, volvió a figurar en el dictamen técnico.
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La ASF comprobó que el gobierno michoacano emitió pagos a empleados con licencias sin goce de sueldo, personal con baja definitiva y trabajadores fallecidos, con un daño por 2 millones 907 mil 900 pesos.
“En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo presentó incumplimientos de la normativa, ya que realizó pagos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, después de la fecha de su baja definitiva de la dependencia y a trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores por un monto de 2 millones 907 mil pesos ”, de acuerdo con la auditoría número 2021-A-16000-19-1130-2022.
El escenario crítico se trasladó a Oaxaca en el año 2022, entidad controlada por la Sección 22 de la CNTE. Durante ese periodo, el daño total nacional al FONE cerró en 180 millones 815 mil 500 pesos.
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Oaxaca acaparó casi la totalidad de este boquete financiero al registrar observaciones por 157 millones 530 mil 600 pesos, equivalente a 87% del total de las entidades señaladas ese año.
La entidad fiscalizadora detectó nóminas ordinarias federales improcedentes, personal inubicable en las escuelas y dispersión de recursos a maestros fallecidos.
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El gobierno de Oaxaca únicamente reintegró 530 mil 500 pesos, quedando una deuda pendiente con el erario de 157 millones 530 mil 600 pesos.
En ese mismo año, Guerrero (Sección 14 de la CNTE) e Hidalgo figuraron en la lista con 550 mil 700 pesos y 171 mil 700 pesos sin comprobar, respectivamente.
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Los resultados de la Cuenta Pública 2023 mantuvieron la misma tendencia de descontrol fiscalizatorio. Los daños al erario federalizados ascendieron a 121 millones 610 mil 600 pesos distribuidos en 13 estados. En esta ocasión, Chiapas —sede de la Sección 7 de la CNTE— se convirtió en el foco de las observaciones al acumular un probable perjuicio patrimonial de 43 millones 476 mil 200 pesos.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que el gobierno chiapaneco violó la normativa al mantener activos los pagos posteriores a bajas definitivas, emitir depósitos a trabajadores muertos y otorgar percepciones salariales fuera de los tabuladores autorizados por la Federación.
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Debido al nivel de incumplimiento, el órgano fiscalizador promovió sanciones administrativas en contra de los servidores públicos responsables ante los órganos internos de control locales.
En ese mismo bloque de 2023, los otros tres bastiones de la Coordinadora repitieron en la lista de anomalías: Guerrero registró pasivos por aclarar de 7.3 millones de pesos; Oaxaca se mantuvo con 8.3 millones, y Michoacán reflejó un desvío complementario de un millón 805 mil 600 pesos.
Las indagatorias señalan que, si bien los gobiernos estatales ejecutan formalmente los pagos, estos ceden bajo la presión de marchas, paros masivos y plantones organizados por la Coordinadora. Dichas acciones obligan a las administraciones a mantener esquemas de opacidad, como la preservación de sueldos a personal comisionado sindical, la ausencia de reportes sobre faltas laborales o el retraso deliberado en la actualización del padrón de bajas por muerte.
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