Por Rolando Fuentes
El Mundial de Futbol 2026 dejó una larga lista de controversias y señalamientos, desde sospechas de favoritismo y decisiones arbitrales cuestionables, hasta pausas de hidratación convertidas en espacios promocionales y una incómoda proximidad entre el futbol y la política. Pero al terminar el torneo, el presidente de la FIFA encontró el verdadero problema a resolver: la federación internacional podía ganar más dinero.
La respuesta de Gianni Infantino fue crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una subsidiaria que concentraría las operaciones comerciales y la organización de los torneos. Valuada en alrededor de 20,000 millones de dólares, podría vender una participación cercana al 20% a inversionistas privados y obtener hasta 4,200 millones. Pese a que la iniciativa sucumbió rápidamente ante la oposición de las principales confederaciones, dejó una pregunta en el aire: ¿era la falta de dinero lo que el Mundial había dejado en evidencia?
Para una empresa, dejar de capturar beneficios potenciales puede representar un problema. Para una asociación sin fines de lucro, en cambio, sólo lo es cuando afecta al cumplimiento su misión. La FIFA puede legítimamente buscar recursos para promover el desarrollo del futbol, pero tendría que demostrar qué objetivos carecían de recursos suficientes y por qué vender parte de sus rentas futuras era la mejor forma de atenderlos.
Como comenté en un artículo anterior, se puede entender el Mundial como una clase de microeconomía. Hasta entonces, el negocio de la FIFA había consistido en transformar la pasión por el deporte en ingresos mediante estrategias de precios, gestión de la escasez, segmentación del mercado y distintas formas de capturar el excedente del aficionado. FFE suponía dar un paso más: convertir esos flujos de ingresos futuros en capital presente.
La FIFA aseguraba que mantendría el control de la nueva entidad y la autoridad exclusiva sobre las decisiones deportivas. Los inversionistas serían minoritarios, sin funciones operativas y, según la organización, nada cambiaría. Este argumento planteaba una pregunta elemental: si nada iba a cambiar, ¿qué compraban por 4,200 millones de dólares?
La inversión sólo tendría sentido si existía la expectativa de generar mayores rentas: más partidos, patrocinios, licencias, productos y espacios comerciales; quizá también precios más altos y nuevos formatos. Por ello, la separación entre negocio y deporte era menos nítida de lo que la FIFA sugería. El calendario, la elección de las sedes, las pausas o el diseño de los torneos son decisiones deportivas, pero también determinan el potencial de ingresos. El futbol era el activo que debía explotarse mejor para justificar la valuación.
Dado que el monopolio de la FIFA y sus beneficios ya existen, mantenerlos dentro de una asociación registrada en Suiza no los hace más virtuosos. José Antonio Meade encontró mérito en una versión más transparente de la propuesta. Un vehículo con auditorías, gobierno corporativo, un fondo ancla e incluso una participación cotizada que hiciera más visibles las rentas de la FIFA. Pero transparentar el negocio no equivale a gobernar mejor el Mundial. Una organización puede publicar estados financieros impecables y mantener reglas imprevisibles, decisiones poco consultadas o una presidencia con poder excesivo.
También surge la pregunta sobre la propiedad del valor. La FIFA organiza el torneo y controla sus derechos comerciales, pero no produce por sí sola aquello que monetiza. Los clubs forman a los jugadores; las selecciones aportan identidad; los aficionados, atención y lealtad; los países y ciudades anfitriones, estadios, seguridad, movilidad y facilidades fiscales. Los clubs pueden tener propietarios, pero las selecciones, en cambio, representan comunidades cuyo valor simbólico ni la FIFA ni las federaciones crearon. ¿Por qué una ciudad debería aportar recursos públicos para aumentar el valor de una empresa comercial de la que no participa? FFE habría privatizado parte de los rendimientos, mientras parte de los costos seguirían siendo públicos.
El Mundial reveló otra falla: una gobernanza incapaz de separar entre criterios deportivos, comerciales y políticos. No hace falta atribuir personalmente a Infantino cada arbitraje, pausa o controversia, sino reconocer que, bajo su presidencia, la FIFA carece de contrapesos suficientes para limitar la concentración de poder. Es un problema frecuente en organizaciones sin propietarios definidos. Aunque las 211 federaciones debían controlar al presidente, muchas dependían de los recursos distribuidos por la propia FIFA. Sobre el papel, supervisaban a Infantino; en la práctica, él repartía dinero entre quienes debían vigilarlo.
La propuesta de FFE no corregía ese problema, podía agravarlo. Habría incorporado una valuación financiera y nuevas presiones comerciales a decisiones ya concentradas en la presidencia, además de aumentar los recursos que ésta podría distribuir entre las federaciones. El Mundial necesitaba una mejor gobernanza, no una nueva forma de monetizar sus ingresos. Infantino decidió arreglar otra cosa: la caja registradora.
Profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey
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