llega a la cita en Glasgow sin una posición común y con una autoridad moral cuestionada. Dos asuntos manchan la reputación ambientalista de la región: el lento avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos y, sobre todo, la escalada de violencia contra grupos ambientalistas .
Este año la comunidad internacional recibió con bombo y platillo la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú que obliga a los países a proteger a los defensores del medio ambiente. Un paso innovador que Latinoamérica, en su conjunto, debería llevar a la COP 26 para asegurar que la implementación del Acuerdo de París integre medidas eficaces de protección de los derechos humanos.
A pesar de que 12 países ratificaron el Acuerdo de Escazú y 24 lo han firmado, los asesinatos de ecologistas siguen aumentando. Según el informe anual de Global Witness, en 2020 tres de cada cuatro asesinatos de activistas ambientales y de la tierra ocurrieron en América Latina. De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete son latinoamericanos, con Colombia, Nicaragua y Brasil a la cabeza. ¿Quién llevará este tema a la mesa en Glasgow?
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