Trump: aniquilar desde la ONU

La Organización de las Naciones Unidas fue creada para que los gobiernos dejaran de amenazarse con la destrucción. Ochenta años después, Trump ocupó su tribuna para advertir que podría “aniquilar” a Irán. Nadie evacuó el salón. Nadie suspendió la sesión. La diplomacia continuó como si anunciar la devastación de un país fuera una intervención más en el programa.

No fue la única amenaza. Trump defendió el empleo de la fuerza estadounidense en el hemisferio, celebró sus acciones en Venezuela, aseguró que Cuba caerá y pidió a los países abandonar la Corte Penal Internacional, a la que describió como una institución fuera de control. El mensaje fue consistente: Estados Unidos decidirá cuándo interviene, contra quién y bajo qué reglas; los organismos internacionales serán respetables mientras no pretendan limitarlo.

La escena encierra una contradicción difícil de ignorar. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas obliga a sus miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No se trata de una aspiración poética, sino de la regla elemental sobre la que se construyó el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Que una potencia nuclear anuncie una posible aniquilación desde la propia Asamblea General muestra cuánto se ha erosionado esa promesa.

Trump no inventó la política de la fuerza ni es el primer gobernante que invoca el derecho internacional a conveniencia. Las grandes potencias han intervenido, ocupado territorios y bloqueado resoluciones cuando sus intereses lo exigen. La diferencia es que antes procuraban cubrir el poder con el lenguaje del derecho. Trump elimina el pudor: convierte la excepción en doctrina y presenta la superioridad militar como fuente suficiente de legitimidad.

Por eso su ataque contra la Corte Penal Internacional no es un episodio separado. El tribunal fue creado bajo una idea sencilla: ciertos crímenes son tan graves que ningún cargo, uniforme o frontera debe asegurar impunidad. Sin embargo, las potencias que exigen justicia para sus adversarios suelen rechazarla cuando puede alcanzar a sus aliados o a sus propios agentes. La justicia internacional termina siendo universal solo para los países que carecen de poder suficiente para resistirla.

La responsabilidad, sin embargo, no corresponde únicamente a Washington. La ONU padece el diseño que sus miembros aceptaron: un Consejo de Seguridad en el que cinco potencias conservan el privilegio de paralizar decisiones; una Asamblea capaz de condenar, pero pocas veces de obligar; y una burocracia que administra crisis sin poder detenerlas. La organización reúne casi a todo el mundo, pero depende precisamente de quienes más pueden desafiar sus reglas.

Desaparecerla sería peor. Sin la ONU habría menos vigilancia, menos cooperación y ningún foro común para los países pequeños. Pero defenderla no significa fingir que funciona. Su valor no puede medirse por el número de discursos pronunciados, misiones desplegadas o resoluciones aprobadas, sino por su capacidad para elevar el costo político y jurídico de la agresión. Cuando no lo consigue, la solemnidad se vuelve parte del problema.

La ONU todavía puede reunir al mundo, pero cada vez puede contenerlo menos. Cuando una amenaza de aniquilación recibe traducción simultánea, protocolo diplomático y turno en el programa, la organización deja de ser un límite al poder y se convierte en su notario. No preserva la paz: protocoliza la amenaza.

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