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Honduras acude hoy a la más opaca toma de poder presidencial de su historia de 36 años en frágil democracia.
Acorralado por el desenlace de los comicios presidenciales del pasado 26 de noviembre, cuestionados interna y externamente y descritos como fraudulentos e ilegales, y sin presencia de mandatarios de otros países, el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, jurará hoy como décimo primer presidente de Honduras desde 1982, tras los regímenes militares instalados en 1963 con una breve primavera democrática de junio de 1971 a diciembre de 1972.
De 49 años, casado, con cuatro hijos, abogado y ex legislador, Hernández romperá con uno de los tabúes de la turbulenta vida política, socioeconómica e institucional hondureña en el epílogo de una carrera signada por tres episodios: la reelección presidencial.
Electo en 2013 en otros comicios de dudosa pureza, Hernández asumió el 27 de enero de 2014 para un primer cuatrienio en una reafirmación institucional luego de que, el 28 de junio de 2009, el entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, fue derrocado por un simple intento de pretender consultar a los hondureños sobre la posibilidad de abrir la vía de la reelección presidencial.
La situación cambió pese a que la Constitución de Honduras, vigente desde 1982, prohibió la reelección y advirtió en su artículo 239 que el hondureño que haya sido titular del Poder Ejecutivo “no podrá” ser presidente o vicepresidente. El texto constitucional alertó que quien quebrante esa disposición o busque su reforma, cesará inmediatamente en el desempeño de sus cargos y quedará inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier función pública.
Sin embargo, y en el primer capítulo del conflicto, Hernández logró lo impensable: en abril de 2015, la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de su país aprobó un recurso de inaplicabilidad de ese artículo que fue considerado como uno de los principios pétreos de la institucionalidad hondureña y que, entre otros hechos, provocó el derrocamiento de Zelaya para atrapar a Honduras en su más grave crisis política del siglo XXI.
El segundo paso fue la campaña presidencial de 2017 y el tercero se concretará hoy, con la toma de posesión para un periodo que concluirá en 2022, pero que se prevé estará marcado por las tempestades políticas. Hernández defendió la legalidad del fallo judicial, la limpieza de la campaña y de los comicios, y la legitimidad de su nuevo periodo de gobierno.
Al justificar que, a diferencia de actos similares previos en Honduras y otras naciones, en su segunda posesión estarán ausentes jefes de Estado de países con los que se tienen relaciones diplomáticas, Hernández alegó que “necesitamos seguir adelante, queremos que [la ceremonia] sea algo austero y buscamos que sea una fiesta, aunque lo ideal es ver hacia el futuro, construir y resolver”.
“Lo ideal es que se realice rápido porque lo que se busca es seguir trabajando”, adujo.
El panorama sobre la toma de posesión es confuso. Consultadas por EL UNIVERSAL, las jerarquías de prensa de la presidencia y de la cancillería de Honduras admitieron ayer que ignoran el sitio donde se realizará un acto político que será clave para el futuro del país.
Una comisión gubernamental que está a cargo de la toma de posesión tampoco respondió a este diario. Versiones periodísticas señalaron que aparentemente será en el Estadio Nacional, en Tegucigalpa, y que, aparte de autoridades hondureñas, está invitado el cuerpo diplomático.
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