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Las bandas criminales en Latinoamérica tienen a los niños como un escudo, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. En prácticamente todos los países de la región, menores de edad son utilizados para labores que van desde el tráfico de drogas al menudeo hasta el sicariato, debido a que las penas para ellos no son tan duras.
En El Salvador, este fenómeno está tan extendido que los menores de edad son el 10% de los imputados como delincuentes y se ha impulsado una reforma legal que tiene la capacidad de procesar como adultos a adolescentes, a partir de los 12 años. Eso ha provocado que en dos años de vigencia del régimen de excepción, las autoridades han detenido a 1.194 menores de 18 años, según confirmó recientemente el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.
Las dos facciones dominantes del tráfico de drogas en Brasil (Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital) utilizan a menores de edad, principalmente en la venta minorista de drogas, debido a que según la legislación no pueden ser encarcelados. En Rosario, Argentina, los jóvenes son considerados “Soldaditos”. A inicios de marzo una saga de cuatro homicidios tuvo como uno de los protagonistas a un menor de 15 años que participó en tres de ellos. Mientras tanto, en Uruguay, niños de 6 a 12 años se dedican a tareas de vigilancia para alertar si viene la Policía y que, cuando estos llegan a la adolescencia, trasladan la droga en motocicletas. Otros, en tanto, se dedican a tareas de sicariato para el líder de la organización: hieren o matan a los consumidores que no pagaron sus deudas.
El fiscal regional a cargo del sector sur de Santiago de Chile, Héctor Barros, confirmó que el fenómeno de menores que participan en delitos violentos va en aumento e indicó las causas a “la mayor facilidad para tener armas de fuego”, “la deserción escolar” y las “mayores ganancias que pueda estar produciendo el dedicarse al delito”. El último boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional (2023) arrojó que el año pasado los adolescentes infractores de ley superaron los 36 mil, siendo la cifra más alta de los últimos cinco años.
Por su parte, en Costa Rica, las provincias costeras de Limón y Puntarenas son las que tienen una mayor incidencia de niños ligados a grupos delincuenciales. Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, dijo en una entrevista con La Nación en octubre pasado que “los menores de edad en Costa Rica que están participando de estos grupos criminales no tienen la socialización completa, tuvieron el Covid-19 de por medio, que generó una gran exclusión a nivel escolar. No pudieron terminar la forma de relacionarse con otras personas”, por lo que “son fácilmente manipulables” para delinquir.
En el Perú, los niños sicarios son una problemática de larga data. En la provincia del Callao, cercana a Lima y donde se encuentran los principales aeropuerto y puerto marítimo del país, las mafias usan menores de edad como sicarios. Una banda de jóvenes de entre 13 y 14 años que prestaban sus servicios a narcotraficantes en varias regiones del país fue desarticulada por la Policía en el año 2024.
Otras mafias también llevan jóvenes que han dedicado su vida al crimen. Hace ya varios años El Comercio recogió la historia de ‘Gringasho’, un chico que formó parte de organizaciones criminales del norte del país desde los 13 años, escapó dos veces de centros para menores, luego cayó en prisión y luego reubicado a una cárcel de máxima seguridad por coordinar acciones ilícitas desde el penal. Cumple una condena de 10 años y saldría el 2028.
