Congreso de BCS analiza reforma para imponer prisión o multas por discursos de odio

La Paz.- El Congreso de Baja California Sur analiza reformas al Código Penal para imponer prisión, multa o trabajo comunitario a quien emita “discursos de odio” en la entidad por cualquier medio, incluyendo gestos o simbologías.

La iniciativa fue presentada en la sesión de este día por la diputada María Guadalupe Moreno (Morena) con el propósito –dijo– de “eliminar la xenofobia y el racismo hacia comunidades indígenas, afromexicanas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+”.

Consideró que estas manifestaciones y conductas son factor de “gran preocupación” pues representan “una amenaza para la prevalencia de valores como la estabilidad y la paz social”.

La propuesta implicaría la modificación al Artículo 205 Ter del Código Penal estableciendo: “Discurso de odio, se impondrá de dos a cuatro años de prisión o multa de doscientos cincuenta a cuatrocientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días de multa al que por medio de la palabra, escrito, gestos, simbología o cualquier otro medio de comunicación o comportamiento realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, generando expresiones de hostilidad e intolerancia, ya sea en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad señalado en el artículo 205 de este Código”.

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Añadió que es importante fomentar la creación de políticas públicas que garanticen espacios seguros para el libre desarrollo de las personas, que incluye ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Agregó que las redes sociales han sido algunos de los medios donde los discursos de odio han tomado mayor alcance los discursos de odio, los cuales –sostuvo– “contribuyen en gran medida al desprecio, intolerancia, discriminación y estigmatización de individuos o grupos, buscando segregarlos de la sociedad”.

Finalmente refirió que esta iniciativa tiene como propósito también “implementar mecanismos preventivos como la ejecución de programas dirigidos a niños y jóvenes en los que se aborden temas de estereotipos, discriminación a personas de la diversidad sexual, indígenas, discapacitados (sic) y demás grupos en condición de vulnerabilidad”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y discusión.

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