Todxs deberíamos tener reconocida la libertad de decidir si morir o cuándo hacerlo, según las circunstancias. Nadie más que una misma debería incidir en esa decisión. Esa decisión no debería pertenecerles a los otros —ya sea personal médico o a nuestros familiares— como si fuese un bien supremo ajeno a nuestra propia existencia o, aún más, al derecho fundamental a la vida, que es un derecho individual, no un bien colectivo.
El Estado debería abandonar su paternalismo absolutista que, en nombre de proteger vidas, incluso de nuestras propias decisiones, dispone de nuestros cuerpos en contra de la voluntad de quien es titular de ese derecho. En reconocimiento de la autodeterminación personal, el Estado no sólo debería reconocer ese derecho a decidir sobre la propia muerte, sino también asumir la obligación de ofrecer los servicios médicos necesarios para que esa decisión pueda ejercerse de manera segura, libre, informada y sin sufrimiento innecesario.
La prohibición de la eutanasia o, dicho de otra manera, la obligación impuesta por el Estado de vivir a la fuerza criminaliza tanto a quien busca ejercerla como a quien le brinde la asistencia médica para hacerlo. No estamos hablando de crear una excepción piadosa reservada a casos extraordinarios, sino de reconocer la autonomía personal para ponerle fin a la propia existencia cuando ésta se ha convertido, de manera irreversible, en una prolongación del dolor y el sufrimiento.
Actualmente, en México hay al menos dos iniciativas ciudadanas que buscan abrir la discusión pública y modificar el marco jurídico vigente. La primera es la llamada Ley Trasciende, una propuesta que busca reformar la Ley General de Salud para que la eutanasia y la asistencia médica para morir dejen de estar prohibidas y cuenten con reglas claras. La iniciativa plantea que ese derecho pueda ser ejercido por personas mayores de edad que padezcan alguna enfermedad terminal o una condición grave, irreversible y que cause sufrimiento constante. Además, la propuesta busca que el personal médico que ayude a una persona a morir, cuando ésta lo haya solicitado libremente, ya no sean tratados como delincuentes.
En el ámbito local avanza la iniciativa ciudadana Ley de asistencia médica para morir en la Ciudad de México. Con la cual se garantizaría la asistencia médica para morir dentro del sistema de salud capitalino, con controles estrictos, evaluación médica y el respeto absoluto a la voluntad del paciente. Al igual que la otra, esta iniciativa coloca la autonomía de las personas en el centro de las decisiones sobre el final de la vida.
Ambas iniciativas, representan un ejercicio ejemplar de participación ciudadana, que surge de personas pacientes, familiares, especialistas de bioética y personal médico decididos a impulsar una discusión que durante demasiado tiempo ha permanecido relegada por prejuicios religiosos y tabúes sociales.
Habría quienes piensen que el contexto electoral inmediato no es el mejor momento para promover iniciativas como estas. Suponen que los partidos políticos evitarán pronunciarse para no confrontarse con la Iglesia católica y todas aquellas doctrinas que consideran que la vida es un bien de origen divino sobre el cual únicamente esa deidad puede disponer.
Sin embargo, ese planteamiento parte de una confusión fundamental: reconocer el derecho a morir dignamente no obliga a nadie a ejercerlo. Se trata de una legislación permisiva completamente legítima en una república laica como es la mexicana según la constitución federal. Al amparo de ese principio constitutivo, el Estado no puede imponer una visión moral única. El reconocer un valor intrínseco de la vida no implica prolongarla siempre y a toda costa. De legislarse en el sentido que proponen las iniciativas, nadie estaría obligadx a solicitar la eutanasia, simplemente reconocería la libertad de quienes, conforme a sus convicciones más profundas, desean decidir sobre el final de su vida.
Precisamente por eso el periodo electoral constituye una oportunidad privilegiada para discutir este tipo de asuntos. Las campañas podrían abrir espacios para debatir los derechos que afectan directamente la vida de las personas. Pocas decisiones son tan íntimas, tan trascendentes y tan profundamente humanas como la de decidir cuándo el sufrimiento ha dejado de ser compatible con una existencia digna.
La eutanasia no se opone a la protección de la vida. Ambas posiciones comparten el mismo presupuesto: la vida humana tiene un valor excepcional. El derecho que está en juego, en cambio, es quién debe decidir qué exige ese valor en cada caso. Si ese derecho pertenece al Estado o la persona cuya vida está en juego.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran