Acusan cobro de moches en Comisión de Atención a Víctimas en Morelos

Cuernavaca.— La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) de Morelos opera bajo un esquema de corrupción sistemática donde los afectados son los deudos y las víctimas del delito. Testimonios y procesos oficiales denuncian la existencia de una red interna dedicada a exigir moches a los beneficiarios de fondos resarcitorios.

Las víctimas y sus familiares, de acuerdo con investigaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), reciben ayuda de abogados vinculados a la CEARV bajo la condición de entregar porcentaje de los recursos que el Estado les otorga por reparación de daños.

El auditor de la ESAF, dependiente del Congreso de Morelos, José Blas Cuevas Díaz, confirmó que unas nueve víctimas sostienen acusaciones directas contra la actual comisionada de la CEARV, Eva Penélope Picazo Hernández.

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Por estos señalamientos, Picazo Hernández presentó ante el Juzgado Sexto de Distrito un juicio de amparo contra el libramiento, existencia o ejecución de cualquier orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación en su contra.

Además solicitó protección de la justicia federal después que el fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel reveló que hay al menos siete carpetas de investigación contra la comisionada de la CEARV por falta de cumplimiento en cuanto a los derechos que tienen las víctimas de ser atendidas en sus reclamos.

En este contexto, Picazo Hernández presentó su renuncia a partir del 1 de julio próximo. EL UNIVERSAL pidió entrevista con ella a través de su enlace de comunicación, que respondió que preguntaría a la comisionada. No hubo más respuesta.

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Ilustración: EKO

CEARV, sus males

Desde su creación en 2018, la comisión arrastra señalamientos de cobro de moches a familiares de víctimas, uso de recursos en beneficio de parientes y desatención a víctimas.

Los dos extitulares de la CEARV tienen carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. La primera comisionada, Nadxieelii Carranco Lechuga (2018-2021), es investigada por contratar como único proveedor durante su gestión a una empresa cuyo propietario es familiar de su esposo. Este caso inició en 2023 y sigue en curso.

“No estoy en condiciones de hablar sobre ese tema porque se tiene que resolver en las vías legales correspondientes. La verdad es que tú puedes observar mi trayectoria. Todo aquel asunto jurídico que pueda estar en tránsito no me corresponde mencionar, porque son casos que están llevando sus trámites jurídicos pertinentes”, dijo sobre el tema Carranco Lechuga, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.

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Las otras siete carpetas que tiene la Fiscalía Anticorrupción de Morelos están abiertas contra la actual titular de la CEARV, Eva Penélope Picazo Hernández, en su mayoría, por falta de cumplimiento en cuanto a los derechos que tienen las víctimas de ser atendidas en sus reclamos, informó el fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel.

Por su parte, Picazo Hernándezdenunció al fiscal anticorrupción y a su hijo, Leonel Díaz Grajales, ante la FGR, y los acusó de pedir moches a familiares de las víctimas.

De acuerdo con la denuncia, Díaz Grajales trabajó en la CEARV y conoció casos de víctimas, a quienes ofreció sus servicios de abogacía para conseguir los recursos. La denuncia fue presentada el 6 de febrero pasado y publicada por la prensa el 6 de abril; sin embargo, el mismo día de su presentación fue desechada por la FGR, a través de su unidad especializada en combate a la corrupción, lo informó la dependencia el 14 de abril pasado.

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El Ministerio Público Federal puntualizó que la denuncia carecía de una narración detallada de los hechos y la promovente no presentó evidencia de conductas ilícitas bajo su jurisdicción, por lo que la fiscalía especializada declaró su falta de competencia para proceder. Un dato clave revelado por la FGR es que el oficio de desechamiento fue emitido el mismo día que se presentó la denuncia.

Desde 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) arrastra 15 quejas contra la CEARV.

Nadxieelii Carranco, ombudsperson del estado, explica que “las quejas están muy vinculadas a la dilación en el pago de medidas de ayuda y de reparación, así como a malos tratos, falta de información y no darles acceso a sus expedientes”.

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La CDHM tiene en activo unas 13 quejas iniciadas contra la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, pero también tiene, en un periodo de los últimos seis años, 10 recomendaciones a la misma Comisión Ejecutiva contra su personal o la titular. De esas 10 recomendaciones solamente se ha aceptado una, pero no la ha cumplido. Tienen un año para cumplirla y no hay visos de que lo vayan a hacer, afirma Carranco.

El testimonio

En 2018, José Cruz dejó su trabajo en la Ciudad de México y regresó a su natal Morelos porque su nieta fue objeto de doble abuso sexual. Su hija necesitaba apoyo para gestionar un asesor jurídico que la representara en el proceso.

La denuncia por abuso quedó asentado en la carpeta de investigación UEIDM/161/2018, y de inicio pidió al Ministerio Público que le diera la calidad de víctima para que la CEARV le asignara un asesor jurídico.

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José Cruz dice que la comisión le negó apoyo porque requería, justamente, de un asesor. Una vez que obtuvo el reconocimiento legal de víctima pensó que finalmente tendría el apoyo de la comisión a través de un abogado, pero no fue así. “Ya se había judicializado la carpeta y había habido una audiencia, pero por no tener asesor jurídico se fue [el caso] sin saber nosotros, y el Ministerio Público no nos notificaba”.

En 2021 se reunió con Miguel Ángel López Lugo, titular de la Unidad de Reparación Integral y Derecho a la Verdad, para pedir un asesor, pero se le negó porque la petición correspondía legalmente a la madre de la menor afectada.

En una segunda visita a la CEARV esperó 90 minuto para hablar con Picazo Hernández, quien coincidió en que correspondía a la madre solicitar el asesor jurídico.

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“Yo soy el abuelo, desde el inicio estoy en este caso. Tengo todo el derecho”, le dijo José Cruz.

Penélope Picazo prometió hablar personalmente con la hija de José, pero eso no pasó. Lo que siguió fue una queja ante Derechos Humanos y en febrero pasado el organismo emitió una recomendación contra la CEARV por la falta de asesoría legal, asignación de un abogado y malos tratos. La funcionaria y su equipo rechazaron la recomendación.

Un año antes, en febrero de 2025, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio Ayala, dirigió el oficio SEGOB/SIPINNA/SE/DAJ/045/2025 a Penélope Picazo para pedirle el nombramiento de un asesor jurídico público, y se le otorgara a José Cruz orientación y representación jurídica a su nieta menor, a efecto de que continúe la debida integración de la carpeta. El caso sigue sin ser atendido, denuncia el abuelo.

Se espera que el gobierno de Morelos envíe al Congreso estatal una terna para elegir a la nueva titular de la CEARV.

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