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La tensión entre el gobierno de Venezuela y la fiscal general, Luisa Ortega, subió de tono ayer, pues mientras ella solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para su persona y demás personal de la fiscalía, el presidente Nicolás Maduro ascendió a su jefe de inteligencia, al que Ortega imputó por “graves violaciones a los derechos humanos”.
El país cumple tres meses en protestas contra la decisión de Maduro de convocar a una Constituyente y ayer la oposición venezolana anunció el inicio de una nueva fase de las manifestaciones, cuyo objetivo, según señaló la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), es rechazar la elección de los 545 miembros de la Constituyente que tiene como misión reformar la Carta Magna. La votación se realizará a finales de julio.
En este contexto, la fiscal Ortega, una chavista que terminó por enfrentarse al gobierno y rechazar el proceso de convocatoria de la Constituyente, tuiteó que ha solicitado a la CIDH protección, luego de que este mes el Tribunal Supremo de Justicia, que según la oposición está controlado por el oficialismo, avalara un antejuicio de mérito contra ella por presuntas “faltas graves” que habría cometido en su cargo y que podría llevar a su destitución.
La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso. Como parte del proceso, a la fiscal le fueron congelados sus activos y cuentas bancarias y se le prohibió salir del país.
El gobierno acusó a Ortega de golpista, después de que ella citara en calidad de imputado al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace con base en investigaciones del Ministerio Público con relación a casos de “allanamientos arbitrarios”, “privaciones ilegítimas de libertad” y “causas de personas que permanecen detenidas” pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
El vicepresidente, Tareck El Aissami, dijo que Ortega “dirige” o “forma parte” de un golpe de Estado y defendió a González López y al ex comandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
En un claro desafío a Ortega, Maduro anunció poco después su decisión de ascender “a general en jefe” a González López, subrayando que ha capturado a los terroristas [como el gobierno llama a opositores]”.
El mandatario también envió un mensaje a su par estadounidense, Donald Trump, a quien propuso una nueva relación. “Rectifique sus políticas hacia Venezuela, saque las manos de sus organismos como Pentágono, CIA y Departamento de Estado y ordene a la oposición que cese en su intento de golpe de Estado y violencia”, dijo.
Desde el 1 de abril, el país ha sido escenario de protestas que se han concentrado principalmente en marchas al centro de Caracas que han sido impedidas por los cuerpos de seguridad. Hasta ayer, según cifras de la fiscalía, las manifestaciones habían dejado 82 muertos y miles de heridos.
La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3 mil 500 arrestos y que mil 188 siguen detenidos. La organización resalta que 415 civiles han sido “presentados ante tribunales militares” y 245 están “privados de libertad”.
