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Al concluir el primer semestre de 2019 es claro que la violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos continúa y está lejos de desaparecer. De los 149 casos de periodistas asesinados desde el año 2000 en México, ocho se han presentado durante los primeros meses de 2019. Lo anterior, sumado a las amenazas y otros ataques, tales como el allanamiento que se habría llevado a cabo en días pasados en el domicilio de la periodista Lydia Cacho, hacen que nuestro país sea considerado como uno de los más inseguros para el ejercicio de la actividad periodística en Latinoamérica.
Pese a las declaraciones y compromisos que diversas autoridades han hecho para el esclarecimiento de estos casos y la aplicación de la ley a los responsables, conforme al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con los homicidios de comunicadores, se determinó que en cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2005 y 2006, respectivamente. En nuestro país no existe un entorno seguro para el periodismo y los crímenes que se cometen en contra de quienes ejercen esa actividad no se investigan ni sancionan: la impunidad impera.
Esta situación, que la CNDH ha señalado en forma reiterada, fue recientemente evidenciada por el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, quien señaló que en nuestro país no se ha observado un cambio significativo con respecto a la libertad de expresión, al no registrarse un fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas, mejoras en el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, ni existir certeza sobre el que las autoridades no vigilen las actividades de quienes ejercen el periodismo, vulnerando su privacidad, pese a las denuncias que en tal sentido se han formulado en el pasado.
La disposición y compromiso de las autoridades por defender y promover el libre ejercicio de la actividad periodística en nuestro país, tendría que materializarse mediante la atención a los puntos antes mencionados, pero también mediante la construcción de una relación de respeto y reconocimiento hacia el trabajo de periodistas y comunicadores. En días pasados, desde instancias gubernamentales, se volvió a descalificar públicamente la credibilidad y calidad profesional del trabajo llevado a cabo por algunos medios de comunicación que cuestionaron o disintieron de acciones o determinaciones de gobierno. Lejos de entrar a un debate o aclaración, sustentados en hechos concretos e información verificable, las autoridades ejercieron un malentendido derecho de réplica, victimizándonse y pretendiendo desacreditar, sin fundamento, a medios y periodistas, lo cual también propicia las condiciones para que se den actos de violencia en contra de estos últimos.
La libertad de expresión y el derecho a la información no se preservan ni fortalecen con un periodismo “bien portado” con autoridades y gobiernos. La vigencia de estos derechos demanda un periodismo crítico, comprometido con la verdad, que investigue y denuncie los abusos de poder para generar insumos que contribuyan a que exista una sociedad informada y reflexiva sobre los actos que la perjudican y agravian. Estigmatizar o pretender condicionar la actividad periodística mediante la promoción de un discurso polarizante en contra de quien ejerce dicho oficio de manera libre y crítica, puede traducirse en una forma de violencia, que vulnere derechos humanos y debilite la democracia. México requiere abatir la impunidad con verdad y justicia, no necesitamos opacidad ni división.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
