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En el noveno día de exhumaciones en la fosa del panteón municipal de Jojutla fueron extraídos los restos de dos personas, así como un cúbito adicional por lo que el número de restos extraídos asciende a 59, informaron Amalia y María Hernández, voceras de la actual diligencia.
Por segunda ocasión consecutiva, el fiscal Javier Pérez Durón se ausentó en el informe rendido a los medios de comunicación, a pesar de ser el responsable de los trabajos.
"El calor -que asciende a unos 45° C en la zona cero, de donde son extraídos los cuerpos- además de las condiciones en que hemos encontrado las osamentas impide que tengamos un avance rápido", explicó Amalia Hernández.
En los antecedentes documentales obra que en mayo de 2014 Blanca Andrea Vega, entonces coordinadora de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Sur Poniente, solicitó a alcaldesa Hortencia Figueroa Peralta la condonación de pago de 38 inhumaciones y también le requirió maquinaria -trascabo-, así como 30 hojas de madera triplay para la inhumación de los cuerpos, catalogados como desconocidos o no reclamados por sus familiares.
Todos ellos estaban bajo resguardo del Servicio Médico Forense de la institución pero, según una explicación oficial, tuvieron que inhumarlos de manera acelerada porque el frigorífico donde estaban almacenados sufrió averías.
A casi tres años de distancia comenzaron los trabajos de recuperación para colocarlos en gavetas de un panteón en el municipio de Cuautla, al oriente del estado. Sin embargo, la cifra de cadáveres y osamentas recuperados superan los 35 registros que tiene la Fiscalía, porque a la fecha van 59 restos humanos. Hasta ahora la autoridad ha sido omisa para explicar el desajuste numérico de cuerpos inhumados.
Desde la primera diligencia del 21 al 26 de marzo recuperaron 45 cadáveres y cuando pretendían concluir los trabajos levantaron la última 'cama' de triplay, colocada como base de los cuerpos exhumados, y atestiguaron la forma en que se desmembró un cuerpo porque una parte se quedó pegada a la tabla.
Eso lo vieron personal de la División Científica de la Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Fiscalía General del Estado de Morelos, las Comisiones nacional y estatal Ejecutivas de Atención y Reparación a Víctimas, las Comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, así como las organizaciones de activistas ‘Eslabones por los Derechos Humanos’ y ‘Regresando a Casa Morelos'.
A una semana del hallazgo las autoridades mantienen hermetismo sobre una eventual inhumación anterior a los 35 cadáveres registrados, aunque en los hechos han sacado más cuerpos de los documentados.
Como medida de prevención, las hermanas Hernández consultaron a su abogado particular a fin de evitar cualquier responsabilidad legal.
"La PGR considera (estos trabajos) como una extensión de la fosa de 2014, ya que no hay una orden judicial que delimite el área que debemos explorar, pero aún se ven bolsas que presumiblemente contienen más restos", dijo Amalia.
Hacia el medio día el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, consideró como crímenes de lesa humanidad la acción realizada por la autoridad al "basurizar de nuevo a los cuerpos encontrados sin necropsia, sin carpeta de averiguación, con vestimenta, maniatados, decapitados. Pareciera una fosa del crimen organizado y no una hecha por la Fiscalía", criticó.
El rector recordó que esta es la segunda fosa que se da en las mismas condiciones, "incluso podríamos hablar de desaparición forzada por lo que quiero expresar mi indignación ya que después de lo que descubrimos el año pasado en Tetelcingo, Cuautla, creímos que la actitud sería totalmente distinta. No se ha detenido a ningún responsable de estos delitos por lo que ahora vemos en Jojutla solicitamos la intervención de la PGR ya que de lo contrario esto va a tener el mismo trato", acusó.
En respuesta, Amalia Hernández instó a Vera Jiménez a realizar la denuncia correspondiente a fin de que no se quede en una queja mediática y sólo frente a medios de comunicación.
