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Un albergue en Tijuana se ha convertido en el refugio de decenas de desplazados de la violencia que han provocado los cárteles y grupos delictivos que operan en Guerrero.
En ese sitio se narran historias de violencia, de homicidios, de niños y jóvenes asesinados con saña, de despojo de propiedades y de éxodo hacia zonas del país lo más alejadas del brazo criminal de los Tlacos y Ardillos que operan en diversos municipios del estado.
Según testimonios de los desplazados, sus viviendas fueron bombardeadas con drones y varios de sus familiares fueron levantados por estos grupos delictivos. A dos jóvenes, uno de 16 y otro de 20 años, los asesinaron y les cortaron la cabeza.
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Sin dar sus nombres y apellidos, las dos familias, conformadas con un total de 13 personas, ocho de ellas niños, huyeron primero a la Ciudad de México y de ahí fueron trasladados con ayuda del Ejército mexicano en un avión a Tijuana, donde se encuentran en un refugio para migrantes.
Albergue de Tijuana
Albert Rivera, director del albergue, dijo que estas familias forman parte del éxodo por la violencia de unos 500 desplazados de la comunidad de Teticic, en el municipio de Olinalá, en la Montaña Alta de Guerrero.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que, desde finales de junio, de acuerdo con los desplazados que están en su albergue, se recrudeció la violencia por medio de bombardeos con drones, el levantamiento y asesinato de más de una decena de personas, así como el saqueo de comercios y despojo de casas y ganado.
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“Levantaron a un abuelito y cuatro de sus nietos de ocho, 11, 16 y 20 años, y el señor les dijo que a ellos no los mataran, que eran angelitos. El cártel los amenazó. Al final asesinaron a todos y sólo dejaron libres a los niños. Ellos están aquí con nosotros, están muy traumatizados, con miedo. Ya no quieren regresar nunca a su pueblo”, comentó.
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Indicó que esas son las historias de impunidad en Guerrero, con fiscalías y policías que no investigan, que no actúan ante los asesinatos, los levantones y el despojo de propiedades.
Dijo que estas familias lograron escapar y después de 14 días, con el apoyo del Ejército, lograron llegar a Tijuana, donde se busca hacer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno mexicano brinde protección no sólo a estas dos familias, sino a las más 500 personas que han huido y que perdieron su patrimonio.
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