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Colima.— Organizaciones internacionales solicitaron una investigación sobre el actuar de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, a quien acusan de generar un ambiente de violencia en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, la cual hadefendido su agua y su territorio frente la actividad minera.
El jueves pasado, 17 organizaciones –entre las que se encuentran Mining Watch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina– enviaron una carta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Procuraduría Agraria, expresando su preocupación por las amenazas y el hostigamiento que han registrado desde hace dos años contra integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y la asociación Bios Iguana A.C.
Se señala que “permanentemente, Díaz Rivera ha mostrado su parcialidad y su interés en mantener en el poder al grupo promotor de la minería”.
Las organizaciones pidieron a la titular de Sedatu, Rosario Robles, y al procurador agrario del gobierno federal, Cruz López, una investigación sobre el actuar de la delegada para considerar su remoción y “deslinde penal por sus actos intimidatorios”.
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