Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un llamado urgente a la conciencia y a la acción colectiva para erradicar una de las violaciones más profundas a los derechos humanos que reduce a una persona a la condición de objeto intercambiable y consumible. Enfrentar este flagelo nos obliga a mirar de frente las heridas de nuestra estructura social, donde la vulnerabilidad se convierte en la puerta de entrada para la explotación.

La falta de oportunidades económicas, la marginación social, el rezago educativo y la ausencia de servicios básicos son caldo de cultivo para las redes de captación. En este escenario, las falsas ofertas de empleo con salarios atractivos se convierten en el principal anzuelo.

La explotación no es un fenómeno nuevo, pero sí crece y se transforma. Las y los tratantes no solo operan en la clandestinidad, han encontrado en las redes sociales y las plataformas digitales un aliado estratégico para captar, enganchar, transportar y retener a potenciales víctimas mediante perfiles y dinámicas de engaño sumamente sofisticadas, por lo que requiere de estrategias vanguardistas, coordinadas, para combatirla.

En su publicación más reciente, especialistas como Flom, MacColman y Bergman advierten que la trata de personas y la extorsión registran un crecimiento alarmante en América Latina y el Caribe. La impunidad con la que operan los grupos de la delincuencia organizada y particulares que se dedican a la explotación humana permite que las personas dejen de ser vistas como seres humanos portadores de dignidad para ser tasadas como activos comerciales de alta rentabilidad.

La trata de personas no es un fenómeno aislado; es un delito que se entrelaza de forma sistemática con otras conductas de extrema gravedad como son el homicidio, el feminicidio, la desaparición forzada y el tráfico ilícito de migrantes, armas y drogas. La dimensión de su poder financiero es devastadora, el Índice Global de Crimen Organizado 2023, emitido por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, situó a la trata como la segunda economía ilícita más rentable para los grupos criminales a nivel mundial, solo superada por el narcotráfico.

México cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que tipifica once formas distintas de explotación: desde la esclavitud, la condición de siervo y la explotación sexual o laboral forzada, hasta conductas complejas como la mendicidad forzada, la utilización de menores de edad en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos y la experimentación biomédica ilícita.

A pesar de contar con un robusto marco punitivo y con datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre carpetas de investigación, ello es insuficiente para medir la verdadera magnitud del daño.

La trata nos mira a los ojos todos los días. Está en las niñas y niños obligados a limpiar parabrisas o vender mercancías en los cruceros, en las mujeres atrapadas en las redes de prostitución y en las personas indígenas instrumentalizadas para pedir limosna.

Cada vez que permitimos que un ser humano sea despojado de su identidad para transformarse en un activo mercantil que genera ganancias ilícitas, el pacto social se quiebra. Erradicar la trata es un imperativo ético.

La justicia no se reduce en imponer un castigo al o la tratante, también en reconstruir el proyecto de vida y el entorno de las víctimas, asegurando que ninguna vida vuelva a ser vista como mercancía. La libertad y dignidad de las personas no se compra ni se vende, se defiende.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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