No hay orgullo para algunos de nosotros sin liberación para todos nosotros. Con estas palabras, Marsha P. Johnson, figura icónica del activismo trans en los años 70, sintetizó una verdad política y ética que es relevante hasta nuestros días: una sociedad no es verdaderamente democrática ni justa si no garantiza la igualdad sustantiva para cada integrante. Al acercarnos al mes de junio, también llamado “mes del orgullo”, que conmemora la lucha histórica por la diversidad sexual, resulta imperativo efectuar un balance sobre las conquistas alcanzadas, pero también sobre la impunidad que aún reclama justicia.
La visibilidad es, en primera instancia, un acto de reivindicación. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2021) del INEGI nos reveló que 1 de cada 20 personas en México se identifica como parte de la población LGBTTTIQPA+. Entre ellas, cerca de un millón de personas se reconocen como trans o de género diverso. Estas cifras, más allá de la estadística, representan millones de trayectorias de vida que, tras siglos de existir en el silencio y la marginación, aún reclaman el derecho legítimo a ocupar el espacio público.
Históricamente, el reconocimiento de estos derechos ha sido un proceso de resistencia. Si bien la diversidad sexual ha sido una constante en la historia de la humanidad, su protección jurídica es una construcción moderna. Un punto de inflexión ocurrió en 2009 con la reforma al Código Civil del entonces Distrito Federal, que definió al matrimonio como la unión entre dos personas, despojándolo de la visión tradicional de género.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un actor determinante en este cambio de paradigma que inició con la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Aquel histórico fallo sentó una premisa fundamental, congruente con el progresismo que caracteriza a los derechos humanos: el derecho no es un concepto inmutable. La Corte reconoció que las realidades sociales y la evolución humana obligan al orden jurídico a actualizarse para proteger la dignidad de todas las personas. A partir de entonces, los criterios de nuestro máximo Tribunal han derribado barreras en materia de concubinato igualitario, seguridad social, participación política y adopción, siempre bajo el estándar de la igualdad y la no discriminación.
Hoy, la nueva integración de la SCJN mantiene viva esa llama de progresividad en deliberaciones fundamentales sobre el derecho de las infancias y adolescencias a que se reconozca la identidad de género en sus actas de nacimiento, reafirmando que la protección de la dignidad, y su reconocimiento, comienza desde las etapas más tempranas de la vida.
Sin embargo, subsiste una deuda histórica con la comunidad LGBT+. Mientras en los tribunales se consolidan derechos, en la realidad social persiste una violencia atroz.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, entre 2014 y 2025 se registraron más de 700 casos de homicidios y desapariciones de personas de la diversidad sexual. Aún más alarmante es que nuestro país ocupe el segundo lugar en transfeminicidios en América Latina. Estas cifras representan vidas sesgadas y son una señal de alerta de que la legislación, por avanzada que sea, carece de efecto pleno si no se acompaña de una política pública efectiva de seguridad y prevención.
El “mes del orgullo” debe ser un recordatorio de que la lucha contra la discriminación es una tarea inacabada. La SCJN ha hecho su parte al reinterpretar la ley bajo una luz de inclusión, pero la consolidación de una sociedad libre de violencia requiere el compromiso de todas las instituciones y del esfuerzo colectivo para desarticular los prejuicios que normalizan el odio y la intolerancia.
Sigamos acompañando y luchando para que la justicia sea, finalmente, el refugio de todas las personas.
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