En mayo de 2019 llegó a mi oficia del Senado de la República un libro que llevaba el nombre de esta columna. El remitente era el huésped de la oficina 11, del piso cuatro: el entonces senador y autor del texto, Rubén Rocha Moya. Me enteré de que los ejemplares habían sido entregados en las oficinas del edificio. Nunca me imaginé que el legislador se dedicara con ahínco hasta convertirse en un personaje de su propio libro.
Parece chiste, pero es anécdota, dirían ahora. El libro del gobernador con licencia, acusado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, fue publicado originalmente en 2013 y narra la permisividad de las autoridades para alcanzar altos niveles de cultivo y tráfico de drogas ilegales en Sinaloa.
“El disimulo es una forma de ocultar o de fingir que la realidad es otra o inexistente; encubrir o permitir la trasgresión de la ley, del precepto, a cambio de prebendas y sobornos”, se lee en la presentación del libro, la cual parece una descripción del gobierno del mandatario estatal.
El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, conocido por perseguir delitos de cuello blanco y narcotráfico internacional, acusa a Rocha Moya de ser electo gobernador en 2021 con el apoyo de “Los Chapitos”, quienes, para respaldar la elección, robaron las papeletas con votos de los oponentes e, incluso, secuestraron e intimidaron a los candidatos de la oposición.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum y personajes morenistas exigen pruebas contundentes e irrefutables al tribunal del vecino país del norte; sin embargo, las evidencias fueron exhibidas desde hace cinco años, por el entonces contendiente de Rocha, Mario Zamora. El priista denunció secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados durante el día de los comicios. Contados fueron los que apoyaron a Zamora.
En mi caso, como candidata a la Presidencia, durante los debates presidenciales, califiqué a Morena de narcopartido por tener vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, personajes indignados de la 4T, aquellos que no querían asumir la realidad, presentaron tres quejas en mi contra. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me multó por cerca de 100 mil pesos. Consideraron que había incurrido en calumnia y censuraron de la versión estenográfica y del video oficial el fragmento en el que describí, insisto, describí al partido oficialista. Desafortunadamente, el tiempo me dio la razón.
Lo que está sucediendo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no es menor. Los vínculos de un gobernador de su partido, de otros que podría haber, con el crimen organizado opacan y estorban a su administración. Aunque le moleste, la mandataria sí está ante la disyuntiva de priorizar a México en momentos tan delicados como la revisión del T-MEC o defender a su propio partido. Veremos si le apuesta a la impunidad.
Comentario final
En Estados Unidos ya empezaron a voltear a ver algunos políticos involucrados con el crimen ante la pasividad del gobierno mexicano. La duda continúa, semana treinta y uno: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
Ciudadana