Grupo México cometió el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Así lo determinó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), después de que la empresa derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014, afectando a 22 mil habitantes de ocho municipios (Semarnat, 2023). La Semarnat declaró que el derrame no fue un accidente, sino una negligencia, y nueve años después, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra empresas filiales de Grupo México por incumplimiento de remediación ambiental, en un contexto de persistencia de los problemas ambientales derivados del derrame.
Además de esto, en julio de 2019, esta misma empresa derramó 3 000 litros de ácido sulfúrico en la Terminal Marítima de Guaymas, lo cual para Grupo México fue un incidente inofensivo (Grupo México, 2019, 19 de julio). Pero también ya había sido responsabilizada de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en febrero de 2006. En esa mina de carbón murieron 65 mineros, y no fue sino cuatro sexenios después de la tragedia, durante la presidencia de López Obrador, que inició la recuperación de los mineros. A esto se han sumado otras denuncias. Al respecto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un punto de acuerdo en el que se exhortaba al Gobierno Federal, investigar e informar sobre las causas del accidente en el que “perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera Buenavista del Cobre en Cananea, estado de Sonora, propiedad de Grupo México” (CP, 2016, 7 de junio).
Pero la historia de desastres ambientales y de pérdidas de vidas humanas, y no humanas, no ha terminado. El 26 de julio del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), anunció una “emergencia climática” (Profepa, 2026, 27 de julio), por el derrame de Grupo México, ocurrido por el descarrilamiento de un tren de Ferromex, en el ejido Cuauhtémoc, municipio Naco, Sonora, de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, sustancia que puede ser sumamente riesgosa, porque puede liberar sulfuro de hidrógeno, un gas extremadamente tóxico que provoca diversos efectos en la salud. Entre ellos: irritación en los ojos y en el sistema respiratorio, apnea, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, debilidad, irritabilidad, insomnio, malestar estomacal (CDC, 2019), y “la exposición a concentraciones muy altas puede provocar la muerte” (U.S. Department of Labor, 2010). La prensa ha comenzado a documentar casos de posibles afectaciones a la salud.
Junto a esto, nada se dice que en el municipio donde ocurrió el derrame, el 48% de su población vive en pobreza (Secretaría de Bienestar, 2026), y que el ejido Cuauhtémoc, además de ser pequeño (159 ejidatarios y 99 avecindados -RAN-), se dedica a actividades agropecuarias, por lo que cualquier contaminación de la tierra, agua y aire, puede tener afectaciones significativas.
Quedan pendientes las investigaciones que den cuenta de la evaluación ambiental derivada del derrame de este “material peligroso”, como lo denomina la Profepa, y en su caso, “ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente” (Profepa, 2026, 27 de julio).
La gran pregunta es hasta cuándo se le pondrá un alto a esta empresa que logró su fortuna, con la extracción y explotación de los minerales de la nación mexicana. A esto se sema, el por qué se le ha dejado impune, en un momento de la historia en el que enfrentamos una emergencia climática planetaria, y no bastando con esto, ¿por qué se le considera para ser parte del Plan México? ¡Esto es una desgracia!