En México, denunciar la corrupción es un acto de resistencia. Y tiene precio, uno muy alto.
Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las personas día a día en México es denunciar la ilegalidad. Desde hace varios años no solo he sido testigo de ello, lo he vivido en carne propia. Con técnica, sí, pero sobre todo con la convicción de que el destino de este país no puede seguir siendo la impunidad. Vivimos en un país con una de las cifras negras más altas del mundo: más del 90% de los delitos ni siquiera llegan a conocimiento de las autoridades, y ya no hablamos de los que se convierten en carpetas de investigación, y mucho menos de sentencias o reparación del daño. ¿Por qué? Porque no confiamos en las autoridades. Y cuando nos atrevemos a confiar, muchas veces son ellas mismas las que nos enseñan a no volver a hacerlo.
Lo que me he encontrado, una y otra vez, son ciudadanos tratando de ser escuchados, personas que solo quieren que llegue el agua a su casa, que no les roben la luz, que se respete a su comunidad. Estando en el Sistema Nacional Anticorrupción, primero como integrante y después como presidenta, escuché y traté de canalizar decenas de denuncias ciudadanas, desde temas menores hasta entramados complejos de corrupción. Hasta ahora los resultados han sido mínimos.
Denuncié lo que pasa en Pemex y las redes criminales de las que emerge el poder de personajes relevantes del partido en el poder, como el senador Adán Augusto. Denuncié también las tropelías del propio SNA: una estructura que, en lugar de servir a la ciudadanía, quedó atrapada en la ambición de burócratas que buscaban tratos preferenciales, viajes, autos, sueldos, contratos para sus amigos, sobresueldos. Un penoso etcétera. Lo denuncié. Hasta ahora tampoco ha pasado mucho.
Denunciar en este país tiene un costo, y lo conozco de primera mano. Me hablan personas, algunas cercanas, otras extrañas, para advertirme que no mencione nombres, que en espacios como este no señale a los culpables, que mejor hable en genérico, que cambie nombres, porque si algún amigo en el poder se enoja, me puede hacer daño a mí o a mi familia. Mi familia vive aterrada de que un día no llegue a casa. Mis cercanos me piden que me dedique a otra cosa. No los culpo. Hemos normalizado que en México, alzar la voz, más aún denunciar, puede costarte la vida.
Pedí protección hace algunos meses. No me fue dada, porque todavía no he sufrido un atentado. Me reí, temerosa, después de una larga entrevista con el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas: "necesito ir medio muerta" (reclamé), pues de otra manera no pueden protegerme. Así opera la lógica perversa de este país: la protección llega después del daño, cuando ya es tarde, cuando ya hay un nombre más en la lista. Y en la mayoría de esos casos, ese nombre termina siendo una vida que se apaga por haberse atrevido a hablar o hacer su trabajo.
Me han fabricado campañas de desprestigio, pagadas por quienes denuncié y que perdieron los privilegios a los que la burocracia dorada está tan acostumbrada. He sufrido un constante acoso de exintegrantes de un SNA que debía trabajar para los ciudadanos y no para proteger a los servidores públicos. Mis comunicaciones han sido intervenidas. Han fabricado también denuncias en mi contra, algunas inverosímiles, otras disfrazadas de patriotismo, que me presentan como un peligro para el país al que le he dedicado los últimos veinte años, muchas veces luchando codo a codo con gente que hoy está en el poder y que prefiere verme callada.
El pasado 23 de junio se conmemoró el Día Internacional de Protección a los Denunciantes. Lamentablemente, ya no solo pienso en lo difícil que es denunciar, sino en que quien denuncia tiene que probar la corrupción con sus propias manos. El peso de la prueba no recae en el Estado, recae en el ciudadano. Recae en las familias de los desaparecidos y en las familias víctimas de feminicidio, obligadas a demostrar que el crimen les hizo daño, a buscar ellas mismas a sus hijas y a sus hijos, a demostrar que fueron víctimas de una desaparición o de un asesinato. El Estado que debería protegernos nos convierte, en cambio, en investigadores, en peritos, en abogados de nuestra propia tragedia. Ahí está, como ejemplo doloroso, el trabajo incansable de las madres buscadoras.
No quiero ser heroína. No quiero morir como mártir. Quiero lo mismo que quieren los ciudadanos que me escriben todos los días y que, aun sabiendo que no tengo ninguna injerencia, me siguen confiando su indignación. Queremos un trato igualitario ante la ley, que se investigue la corrupción, que se castigue y que se recupere lo robado.
¿En quién confiamos? ¿En las autoridades señaladas de colaborar con el narcotráfico? ¿En quienes usan sus puestos para facilitar la vida de sus familias, como la recién detenida hermana de Emilio Lozoya? ¿Confiamos en autoridades que reprimen a madres buscadoras, o que, sin importar el partido, han explotado históricamente a las comunidades indígenas, su cultura y sus recursos? ¿Cómo acudimos a las fiscalías si no abren sus puertas, si de entrada nos dicen que no? ¿Recurrimos a un Sistema Nacional Anticorrupción que ha sido señalado de lo mismo que combate, sostenido por ciudadanos que en el mejor de los casos prefirieron ser comparsas, y en el peor, abusaron de su diseño para extralimitar funciones? ¿Confiamos en funcionarios que golpean a sus parejas, o en servidores públicos que presumen lujos en redes sociales a costa del erario?
Aprovecho este espacio para agradecer a quienes me escuchan y confían en mí, a quienes me escriben incluso con oraciones, sobre todo a la ciudadanía que no se rinde y lucha todos los días. Y lo aprovecho también para dejarlo dicho con toda claridad: hago responsables a todos los implicados en los casos de corrupción que he señalado de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia. Son ellas y ellos quienes están detrás.
Me han pedido que me calle, por mi seguridad, por mi familia. No lo haré: tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, y no renunciaré a ello.