El viernes 14 de agosto de 2026, una decena de gobernadores afiliados a Morena, senadores del mismo partido y diversos simpatizantes, sobre todo algunos que ocupan cargos en la administración pública mexicana, decidieron pronunciarse contra la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Singularmente, lo hicieron sin siquiera mencionar al junior.
Esto ocurre en un contexto delicado. Durante las últimas semanas, autoridades estadounidenses, entre ellas el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y agencias como la DEA y el FBI, han reiterado públicamente que no se detendrán cuando se trate de combatir al crimen organizado y a quienes faciliten las operaciones de los cárteles de la droga, algunos de ellos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A ello se suman las especialmente delicadas declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en Panamá esta semana, respecto de la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra narcotraficantes y sus facilitadores en América Latina.
En México y Estados Unidos investigaciones penales han documentado testimonios y, ahora, líneas de investigación relacionadas con la participación de grupos criminales en el llamado huachicol fiscal, apuntan a Andrés López Beltrán y a servidores públicos provenientes de Morena y de la cúpula política del sexenio pasado.
El punto central de esta historia no es la visa. Lo preocupante es observar cómo personas que representan instituciones, ocupan cargos públicos y tienen responsabilidades frente a todos los mexicanos deciden emitir “posicionamientos” políticos para alinearse disciplinadamente en defensa de una persona, de un grupo o de un partido. No sabemos si existe una orden expresa. Y tampoco es indispensable que exista.
Las órdenes dentro de una estructura de poder no siempre necesitan escribirse, pronunciarse frente a una cámara o circular mediante un oficio. También existen las órdenes implícitas, las que se entienden, se anticipan y se ejecutan porque quienes forman parte de la estructura saben perfectamente qué se espera de ellos. De eso, entre muchas otras cosas, nos advirtió Hannah Arendt.
Justamente ayer, sábado 15 de agosto de 2026, Morena convocó a 202 Asambleas Informativas “en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Frente a indicios, investigaciones y acusaciones de enorme gravedad provenientes tanto de México como de Estados Unidos, algunos simpatizantes de Morena, sobre todo servidores públicos que deberían ejercer sus funciones en beneficio del Estado y de la ciudadanía, no de un partido, parecen preferir el alineamiento político antes que exigir investigaciones, explicaciones y responsabilidades.
La reflexión de Hannah Arendt resulta penosamente vigente. En Eichmann en Jerusalén, su Estudio sobre la banalidad del mal, Arendt planteó uno de los problemas más perturbadores de la responsabilidad dentro de las estructuras burocráticas: una persona no deja de ser responsable simplemente porque forme parte de una jerarquía, porque reciba instrucciones o porque su participación parezca pequeña dentro de una maquinaria mucho más grande.
La burocracia puede fragmentar una acción hasta conseguir que cada participante encuentre una forma de distanciarse del resultado y justificarse diciendo: yo solamente firmé, yo solamente autoricé, yo solamente registré, yo solamente transporté, yo solamente ejecuté, yo solamente cumplí órdenes.
Cada uno intenta reducir su participación a una pequeña pieza administrativa, para ellos/as, insignificante. Justamente en la fragmentación de esa responsabilidad radica el problema, y eso no significa que desaparezca. Una red criminal funciona porque muchas personas cumplen una función dentro de ella, incluso los omisos.
Por eso nuestra responsabilidad como ciudadanos es negarnos a aceptar que la dispersión de funciones diluya la responsabilidad individual. Cuando las estructuras políticas y sociales convierten una atrocidad (como la desaparición de miles de personas), una injusticia o una posible actividad criminal (como las redes de huachicol fiscal) en expedientes, firmas, autorizaciones, omisiones, contratos, transferencias o simples trámites administrativos, corremos el riesgo de dejar de percibir la dimensión ética y las implicaciones de integridad de aquello que está ocurriendo.
Arendt sigue vigente. Los grandes crímenes no necesitan solo de grandes monstruos, también son posibles mediante personas aparentemente ordinarias que renuncian a pensar críticamente, normalizan las órdenes, cumplen la función que les corresponde, fragmentan la responsabilidad y convierten lo intolerable en rutina. Eso es lo escalofriante de la banalidad del mal.
No significa que el mal sea pequeño ni insignificante. Significa que puede normalizarse. Que puede volverse cotidiano. Que una persona puede participar en algo gravísimo mientras se convence de que únicamente está haciendo su trabajo, cumpliendo una instrucción, defendiendo a su partido o siendo leal a su grupo a “la transformación”.
Por eso Arendt sigue siendo indispensable para pensar la corrupción, el autoritarismo, la burocracia y, especialmente, la responsabilidad de los servidores públicos. Obedecer órdenes, alinearse políticamente o formar parte de una estructura jerárquica no vuelve menos responsables a diputados, senadores, gobernadores, dirigentes partidistas o servidores públicos. La disciplina de partido no es una eximiente. La lealtad política al líder tampoco.
Por eso, si algún día las investigaciones y los tribunales acreditan la participación, facilitación, encubrimiento u otras formas de responsabilidad de funcionarios y políticos en delitos cometidos en México durante los últimos años, sean de Morena, del PRI, del PAN o de cualquier otra fuerza política, no debería bastar como explicación afirmar que cumplían instrucciones, que protegían al gobierno, que defendían al movimiento o que actuaban por disciplina partidista.
La obediencia no cancela la responsabilidad. Obedecer, incluso sin orden, no elimina la responsabilidad de haber decidido obedecer.
Seguiremos denunciando