Jonathan Haidt, en su libro La Generación Ansiosa, comienza con una pregunta provocadora. ¿Enviarías a tu hijo de 10 años a Marte sin saber las condiciones en las que se encontraría, sin idea de si la atmósfera sería respirable y sin ninguna pista sobre su posible regreso? Parece un ejemplo extremo, pero no lo es y Haidt lo equipara a lo sucedido alrededor de 2012 cuando otorgamos a los hijos teléfonos celulares inteligentes y posteriormente les dimos, a través de ellos, acceso a redes sociales.
Haidt usa la evidencia científica con la que ya se contaba —que el cerebro de los adolescentes aún se encuentra en franca formación y en procesos sumamente pertinentes para la salud mental y la evaluación del riesgo— y agrega la evidencia recopilada de los últimos años. Los datos son claros. Los niños y jóvenes duermen menos, socializan poco, pierden capacidad de concentración y desarrollan una dependencia similar a una adicción. Las niñas, además, cargan con otro costo. Se comparan con versiones editadas de otras vidas lo que erosiona su autoestima con una eficacia brutal. El daño es innegable.
La tesis de Haidt empieza a convertirse en política pública. Australia fue la primera en legislar. Desde diciembre de 2025 nadie menor de 16 años puede tener cuenta en las principales plataformas, y la multa recae en las empresas. Francia siguió el camino con una prohibición para menores de 15 años que arranca este septiembre. Dinamarca, Austria y Grecia avanzan con propuestas similares, todas con el mismo diagnóstico: los datos de uso infantil son alarmantes en cualquier país donde se midan. Canadá construye un regulador nuevo. Bruselas trabaja ya en un estándar común para la Unión Europea.
México, en contraste, no tiene nada de esto. No existe una edad mínima, no hay verificación obligatoria, las verificaciones de las propias plataformas son de risa y la única medida tangible ha sido la prohibición del celular en las escuelas en 16 estados, una decisión loable, pero insuficiente frente al tamaño del problema.
Por eso llama la atención el anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum. En una conferencia mañanera planteó abrir un debate nacional sobre el uso que niños y adolescentes le dan a la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos electrónicos, con miras a una eventual iniciativa de regulación ante el Congreso. Insistió en que no quiere que esto se imponga desde el gobierno, sino que se construya con evidencia científica y consenso social, retomando el conocimiento que ya existe sobre los mecanismos de adicción digital y sus efectos en el sueño. La SEP, por su parte, anunció tres foros de discusión en Nuevo León, Chiapas y Guerrero.
No sé qué tipo de política pública pueda salir de estos foros. La evidencia del daño está por doquier. Las buenas intenciones no serán suficientes y los detalles serán clave.
Habrá quién diga que la tecnología no es el problema, sino el uso que le damos a la misma. Vaya uso el que le hemos dado. Al darles teléfonos como entretenimiento a los niños, a los bebés incluso, los hemos mandado a Marte sin ninguna consideración. ¿Habrá política pública que logre contener el daño o tendría que haber un convencimiento social más profundo para lograrlo?
@ValeriaMoy