Hay cosas que una vez que salen a la luz no pueden volver a guardarse. El miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos de colaborar con cárteles del narcotráfico: proteger sus operaciones, filtrar información, resguardar cargamentos de droga y recibir sobornos a cambio. La caja de Pandora ya se abrió.
No es nuevo. La caja en la que todos los males se encontraban ha tenido filtraciones a lo largo ya de muchos años. El caso Rocha Moya no es una anomalía. Es el episodio más reciente de un patrón que ya se conoce y que México no ha enfrentado cabalmente porque sí, también se sabe que una parte del Estado ha sido cooptado por el crimen organizado. Un exsecretario de Seguridad Pública federal cumple 38 años de condena en Colorado. Varios exgobernadores de distintos partidos enfrentan procesos o están prófugos por vínculos con cárteles. La lista es larga y atraviesa administraciones, partidos y geografías. No es un problema de un gobierno.
Es un problema estructural. Sabemos también que el narco no es solo narco. Se ha convertido en un sistema complejo, en un conjunto de partes que interactúan entre sí de tal manera que el comportamiento del todo no puede explicarse simplemente sumando el comportamiento de cada parte por separado, un poco como el clima o como la economía.
Las organizaciones criminales operan como recaudadores informales sobre cadenas de suministro enteras: el campo, el transporte de carga, la construcción, el comercio, el turismo, la minería. Hay células que cobran cuota sobre el precio del huevo y de la tortilla. La extorsión sobre la producción de limón y aguacate es conocida.
El crimen organizado en México dejó hace tiempo de ser un problema únicamente de seguridad. Es un actor económico que crea y distorsiona mercados, encarece insumos, desplaza empresas, impulsa cierto consumo y frena la inversión. Sin embargo, es prácticamente imposible dimensionarlo. Las estimaciones del costo que le representa al país van desde 1.07% del PIB -como podría señalar la ENVIPE- hasta 18% como ha señalado el Índice de Paz México contando los costos directos e indirectos del crimen. No me atrevería a irme por una medición o la otra. La falta de información verificable, el uso de efectivo, el involucramiento de cada vez más actores hacen que casi toda métrica sea inexacta.
México lleva años preguntándose por qué no llega la inversión que las oportunidades comerciales prometían. La respuesta tiene varios componentes -certeza jurídica, reforma judicial, infraestructura energética- pero uno de los más subestimados es la seguridad. Las empresas necesitan garantizar la integridad de su cadena de suministro y procurar la seguridad de sus equipos. El pago de cuota no puede volverse un costo operativo implícito. El crimen organizado no solo comete esos actos atroces que vemos todos los días en las noticias, también cobra, extorsiona, desplaza y ahuyenta el capital que el país necesita para crecer.
En el mito griego, lo único que quedó al fondo de la caja de la diosa Pandora fue la esperanza. México tiene razones para no perderla, pero solo si hacemos lo que nos toca. ¿Existirá la voluntad política para hacerlo?
@ValeriaMoy
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