El martes 11 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos subió a X un video de poco más de cinco minutos. Narrado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, traza un recorrido histórico de los últimos dos siglos en clave de triunfo: desde el nacimiento de la Doctrina Monroe en 1823, pasando por la guerra contra España, Roosevelt, Cuba y la crisis de los misiles, Reagan y el Canal de Panamá, hasta la Contra en Centroamérica. El video cierra con la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, captura presentada como una estrategia calculada para enviar una señal: el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado.
No es casualidad que ese video aparezca justo un día antes de que una nueva efeméride pueda añadirse al trazo histórico. Ayer, 12 de agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció precisamente desde Panamá que el gobierno colombiano encabezado por Abelardo de la Espriella, investido hace apenas una semana, habría autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en suelo colombiano contra el narcoterrorismo. Así, Colombia se convertiría en el integrante número diecinueve de la Coalición Anticárteles de las Américas (A3C), alianza impulsada por Estados Unidos.
Desde su lanzamiento, esta coalición ha trabajado en la reclasificación de los cárteles del narcotráfico en la región como organizaciones terroristas. Al hacerlo, el crimen organizado pasa de ser un asunto policiaco a uno de guerra y, en ese entorno, la relación entre los países de América Latina y Estados Unidos se transforma de una de cooperación a una de intervención: asuntos que antes eran domésticos hoy son objetivos militares hemisféricos.
En los últimos meses hemos visto el impacto de ese cambio en la respuesta de los distintos gobiernos de la región a la nueva estrategia estadounidense. Ecuador, a pesar de haber tenido un rechazo mayoritario en las urnas para levantar la prohibición constitucional de instalar bases extranjeras, permite que tropas estadounidenses operen desde Manta gracias a un decreto presidencial de "conflicto armado interno" que les otorga inmunidad judicial. En Guatemala, su ministro de Defensa pidió por carta a Hegseth cooperación para golpear al narcotráfico, The New York Times reportó ataques aéreos pactados, aunque el mismo gobierno salió a negar que hubiera tropas extranjeras en su territorio.
El patrón parece empezar a repetirse en distintas partes del continente. Panamá reabrió a las tropas estadounidenses las instalaciones de Howard, Rodman y el Fuerte Sherman; Paraguay autorizó el despliegue del Pentágono con inmunidad mediante un acuerdo que el Ejecutivo firmó sin pasar por el Congreso y luego lo hizo ratificar por la vía rápida; El Salvador ofrece su megacárcel para alojar a los deportados; Costa Rica, que no tiene ejército, ofrece su litoral. En Panamá, Hegseth resumió el propósito señalando que las operaciones conjuntas sirven para “proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”.
Nuestro país no es parte de la coalición y, sin embargo, no ha parado de recibir presión estadounidense para aceptar operativos del ejército de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, a lo que México se ha negado públicamente. A pesar de esa negativa, las denuncias por la participación de fuerzas estadounidenses en la captura de "El Mayo" Zambada, o en el operativo de la CIA en Chihuahua, son una muestra de que Washington ya opera en suelo mexicano, con o sin autorización. Fuera de la coalición, México no está fuera de la mira.
La Coalición Anticárteles reúne ya a casi veinte países, con acuerdos que avanzan en buena parte de ellos. El plan de control militar de Washington pareciera ir avanzando, aunque con reservas: son acuerdos recientes, coaliciones que todavía deben pasar del discurso a la acción, con gobiernos que apenas empiezan a alinearse a la Casa Blanca. Son los primeros pasos de una estrategia que apenas arranca. Pero la dirección es inequívoca: en el vector de la seguridad, la nueva “Doctrina Donroe” avanza.
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