En junio, con dos semanas de diferencia, Perú y Colombia definieron sus presidencias en segundas vueltas por menos de un punto porcentual. En ambos, el desenlace se explicó fuera de sus fronteras. El voto de la diáspora decidió una presidencia y construyó la mayor parte del margen de la otra.
La segunda vuelta peruana del 7 de junio terminó con uno de los resultados más estrechos de su historia. Según el cómputo de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos válidos frente al 49,86% de Roberto Sánchez, una diferencia de 0,27 puntos porcentuales, apenas 49 641 votos. La clave está en el desglose. Dentro del país, Sánchez ganó por 32 014 votos, casi dos décimas de ventaja. En el exterior, esto se invirtió. Fujimori logró el 63,2% contra el 36,8% de Sánchez, 81 655 votos de diferencia. Esos votos decidieron la presidencia. El 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa.
El desenlace tardó 26 largos días. Debido a fallas en el escrutinio digital de la primera vuelta, se suspendió el escaneo de actas consulares y los resultados del exterior viajaron en valija diplomática hasta Lima. Como la ley no contempla resultados preliminares, solo existía el conteo oficial, que avanzaba al ritmo en que llegaban las actas, y el país pasó tres semanas en vilo. En ese tiempo se puso a prueba la legitimidad del sistema. Sánchez pidió anular los votos del exterior alegando ese cambio; el JNE rechazó el recurso y el candidato solicitó medidas cautelares ante la CIDH. La Misión de la OEA afirmó no haber identificado irregularidades, ni dentro del país ni en el exterior, que alteraran la voluntad expresada en las urnas, y recomendó implementar resultados preliminares.
Colombia vivió un ejercicio muy distinto. Su diáspora vota de forma voluntaria durante una semana completa en puestos de votación de 67 países. El 21 de junio, los primeros boletines del preconteo de la Registraduría salieron minutos después del cierre de urnas y el CNE certificó el escrutinio vinculante en tres días. Abelardo de la Espriella sumó el 49,66% contra el 48,70% de Iván Cepeda, una diferencia de 251 854 votos (0,96%). Dentro del país, De la Espriella ganó por unos 74 000 votos, cerca de tres décimas, pero en el exterior lo hizo con el 63,8% contra el 34,8%, 177 843 votos de ventaja, siete de cada diez del margen final. El voto exterior no invirtió el resultado en este caso, pero elevó el margen de la victoria a más del triple. Las inconformidades de la campaña de Cepeda pedían, entre otras cosas, esperar la llegada del material físico del exterior, aunque la ley ordena escrutar esos votos con las actas transmitidas desde los consulados. El conteo definitivo coincidió al 99,99% con el preconteo. Las reclamaciones fueron retiradas y Cepeda reconoció la derrota. Ya iniciada la transición, el presidente saliente volvió a alegar fraude y respaldó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, el tribunal encargado de juzgar la validez de las elecciones.
La participación, en ambos casos, cuenta su propia historia. Colombia, sin obligación de votar, movilizó al 43,4% de 1,4 millones de personas habilitadas en el exterior (614 095 votos), un récord histórico. Perú, donde el voto es obligatorio, aunque sin multa para quienes residen fuera, tuvo una participación de apenas 27,2% de sus 1,2 millones (329 552 votos). Dieciséis puntos que enseñan algo incómodo y necesario. La obligatoriedad sin sanción no funciona e importa más la accesibilidad. Una semana de urnas contra un solo día y una inscripción posible hasta dos meses antes, contra un padrón que exigía el domicilio actualizado más de medio año antes.
México dimensiona el desafío regional. Tiene la diáspora más grande del hemisferio, casi 12 millones de personas, el 97% en Estados Unidos. En la presidencial de 2024, solo 223 961 se inscribieron en la lista nominal del extranjero y 184 326 votaron, según el INE. Fue un récord, 87% más que en 2018, y aun así menos del 2% de la diáspora. La población migrante más numerosa emitió menos votos que la peruana y apenas un tercio de los de la colombiana. La paradoja es reveladora, pues entre las personas que se registraron la participación fue del 82%, muy superior a la colombiana y la peruana. Eso sí, la lista mexicana se rehace para cada elección, mientras que el censo colombiano es permanente y el padrón peruano se genera con el domicilio registrado en el documento de identidad. El obstáculo no radica en la voluntad sino en el registro y la oferta. El voto presencial se sumó en 2024 con apenas 23 sedes consulares, frente a los 253 puestos de Colombia y los 219 locales de Perú, aunque México también tiene voto postal y por internet.
Las lecciones cruzan fronteras. Cuando el electorado migrante supera el margen de victoria, cada decisión sobre cómo vota la diáspora (formatos, plazos, conteo, transparencia, información) puede definir quién gana y fortalecer o debilitar todo el proceso. Perú, Colombia y México resuelven de forma distinta cómo se registra, cómo se vota y cómo se cuenta. México elegirá presidencia hasta 2030, pero en el 2027 las y los mexicanos en el exterior tendrán boletas para al menos diez de las diecisiete gubernaturas en disputa y diputaciones migrantes de cuatro entidades. Por eso, el trabajo con las personas migrantes para fortalecer el ejercicio de sus derechos políticos, la credencialización, la accesibilidad y el voto informado exige acciones permanentes. El INE y los OPLES, junto con la SRE, la academia y la sociedad civil, deben impulsar, sin esperar al calendario electoral, la vinculación que escuche y organice esa participación, valorando las experiencias locales y regionales. Perú y Colombia acaban de demostrar que esa tarea no puede esperar.
Maestra en Políticas Públicas Comparadas, exconsejera electoral en el IEPC Chiapas.