En ocasiones anteriores me he referido al caso por la importancia que reviste el hecho de que el Gobierno de México en septiembre de 2021, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentara la primera demanda civil en el extranjero en contra de un ex funcionario público mexicano con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de activos posibles vinculados con actos de corrupción política en nuestro país.
Y es que este caso es excepcional. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido, investigado y declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, marco en el cual tiene cabida la presentación de la demanda civil en la unión americana y su actual seguimiento.
En junio de este año, dábamos cuenta de la victoria que logró nuestro país para continuar con la demanda en los Estados Unidos, contra la cual García Luna y sus abogados se habían opuesto, pero dándole la razón al Gobierno de México, la Corte de Apelaciones de Miami determinó su procedencia.
Ahora, gracias a esta importante decisión, se pudo continuar con su litigio y es entonces que, a inicios de este mes, se daba a conocer que la Jueza Lisa Walsh ordenó la entrega de bienes demandados al gobierno mexicano, en virtud de que se logró acreditar la falta con la que incurrió García Luna y su defensa de no presentarse al juicio. Por lo que la Jueza emitió la orden para que los bienes de la empresa condenada fueran trasladados a México y cuyo monto asciende a casi 2 millones de dólares, fruto de la liquidación de 3 bienes inmuebles y un departamento en Miami, Florida, con un valor aproximado a los 600 mil dólares, pendiente de liquidación.
Cabe mencionar, que el juicio civil que emprendió el gobierno federal en las cortes estatales de esa entidad americana, reclama una cifra original que oscila en los 700 millones de dólares y cuyo litigio no ha terminado. Dicho monto se compone entre la demanda original y las acciones de la actual administración de la UIF.
Es por ello que destacar el uso de la inteligencia financiera es clave para una estrategia integral contra la corrupción y el lavado de dinero en nuestro país y en el extranjero, cuyo propósito sea desmantelar las estructuras económicas y financieras de las redes de la delincuencia y el crimen organizado transnacional que les permite subsistir y diversificarse, por lo que seguir la ruta del dinero a través del sistema financiero y de las actividades vulnerables resulta fundamental para detectar aquellos recursos obtenidos de forma ilícita y detener su flujo. En este caso, el uso de la inteligencia financiera permitió la identificación de activos ilícitos en el extranjero de la red criminal de Genaro García Luna y sus cómplices.
Ahora bien, la recuperación de activos en el exterior es el siguiente paso para cerrar la puerta a una tipología de lavado de dinero que se utiliza para exportar recursos de manera que se pueda disfrutar en el extranjero lo que se roba producto de la corrupción, llámese paraíso fiscal, u otros sitios con mejor regulación.
En este sentido, existen dos vías que por lo general se utilizan para obtener en el exterior los activos producto o instrumento del crimen, la vía penal y la vía civil. Siendo esta última la que guarda un potencial nunca antes explorado, hasta ahora. A diferencia de la vía penal, la vía civil es una acción contra los recursos económicos, que con independencia de la culpabilidad de la persona busca establecer la ilicitud de los activos materia del proceso, lo cual se armoniza con un modelo que se vale de la inteligencia financiera, atacando los activos del crimen y por otra se lleva el proceso penal sobre la responsabilidad de los involucrados.
Si queremos que las cosas cambien, tenemos que pensar y actuar diferente. La política criminal tiene que ser combatir de manera efectiva las redes criminales que asolan el país y cuyos efectos nocivos trascienden fronteras a fin de que estos procesos culminen en la reparación del daño para las víctimas al tiempo que se abre la posibilidad de recuperar los activos saqueados del erario público y se destinan a programas sociales que desalienten la cultura de la corrupción y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.
Por cierto, la defensa de Genaro García Luna me denunció de forma “anónima” ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, claramente con el objetivo de frenar desde México el proceso civil en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito gracias a las autoridades norteamericanas que concedieron la razón a nuestro país.
