La "informalidad laboral" que afecta a 32.6 millones de personas —el 55% de las personas ocupadas— no es una irregularidad que requiera ser "regularizada". La pretensión de formalizar a través de "bancarizar", "registrar" o "capacitar", sin actuar sobre las causas, se “va por las ramas”. La única vía para reducir la informalidad es cortar su raíz: el trabajo sin seguro social.
Los datos muestran que la informalidad responde a dos situaciones diferenciables, que exigen acciones distintas. La primera, que llamaré tipo A, es responsabilidad de personas o entidades empleadoras que contratan sin cumplir con la obligación de afiliar al seguro social. Representa el 20% de la informalidad: 6.3 millones de personas. Aquí se incluyen 2.2 millones —en su mayoría mujeres— con trabajo doméstico remunerado, 2.3 millones de asalariados en el sector agropecuario y 1.6 millones de trabajadores en empresas e instituciones formales: negocios medianos y grandes, gobierno y organismos públicos o privados. La vía para formalizar a este 20% es obligar a quienes emplean por honorarios u otras vías legalizadas que "informalizan" a cumplir la ley. En especial, urge revertir 75 años de discriminación institucional hacia las trabajadoras del hogar.
La segunda, que llamaré tipo B, es producto de estrategias de sobrevivencia: personas que crean sus propios medios para ganarse la vida a través de actividades económicas lícitas y muy diversas. Son la mayoría: el 80% de la informalidad, 25.8 millones de personas. De ellas, 13.8 millones trabajan en micronegocios —con o sin establecimiento— donde el dueño, su familia y algunos empleados se ganan la vida; otros 10.9 millones se identifican como "trabajadores por cuenta propia". Ambas categorías, que en la práctica se mezclan, representan el 75% del total de la informalidad. El 5% restante del tipo B proviene de la agricultura de subsistencia (1.1 millones), la situación tradicional para ganarse la vida en el campo y otros 700 mil casos no especificados o en pequeños negocios.
En las situaciones tipo B, el "patrón" es también un trabajador más, a veces el único, con las mismas condiciones laborales. Aunque existe un "régimen voluntario" para que quienes trabajan por cuenta propia se afilien al IMSS, en la práctica menos de 300 mil personas lo han hecho.
Ignorar la diferencia entre ambas situaciones es parte del fracaso de las políticas públicas frente a la informalidad. Pretender un enfoque "regularizador" para el tipo B desenfoca el problema. La ruta para reducirla al mínimo consiste en incentivar y facilitar la afiliación al seguro social, con subsidios decrecientes (como el modelo del Régimen de Incorporación Fiscal -RIF- de hace unos años).
Esta ruta se vincula directamente con la cobertura universal de salud. Y por ello con los recursos para lograrla. De entrada, hay que decir que se cuenta con 172 mil millones de pesos del presupuesto asignado al IMSS Bienestar para atender a población "no derechohabiente". Con esos fondos —y solo como ejercicio burdo para dimensionar— se podría pagar el seguro voluntario de alrededor de 12.5 millones de personas adultas.
Frente a la informalidad, la solución no es tan simple pero no hay otra: lograr acceso a la salud para quienes se ganan la vida como pueden.
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