En su toma de posesión la presidenta de MORENA Ariadna Montiel declaró que “Los corruptos no tienen cabida en MORENA”.
Sin embargo, ¿ cómo cumplirá esta promesa? ¿Habrá una investigación? ¿Contra quienes? … El partido tiene entre sus militantes icónicos a personajes con negras historias de corrupción.
Cortar cabezas no resuelve de tajo el problema, aunque genera una positiva percepción pública de cero tolerancia, como lo han hecho todos los anteriores presidentes de la república al iniciar su gobierno.
El problema de la corrupción no es de individualidades, sino de un sistema gubernamental y político corruptor, que impulsa a los individuos a beneficiarse en lo personal de las oportunidades de enriquecimiento que se le presenten.
Para ello se han creado ciertos patrones de conducta regidos por la complicidad y la tolerancia.
Sin embargo, ese mito de que los mexicanos traemos la corrupción en nuestro ADN nacional es ofensivo. Curiosamente cuando salimos de nuestras fronteras nos convertimos en ciudadanos ejemplares, como lo son nuestros migrantes en Estados Unidos. A los mexicanos nos gusta el orden, pero también sabemos que la influencia social apela al desorden.
El ejercicio de la autoridad gubernamental está orientado para convertirnos en infractores a los ciudadanos y así podernos multar y convertir en cómplices a los funcionarios públicos y a los actores políticos.
En las altas esferas del poder el tener en nuestro historial personal acciones constitutivas de delito por enriquecimiento ilícito garantiza no sólo la lealtad frente al gobierno, sino también el silencio frente a los excesos de quienes nos rodean.
Desde que inició su gobierno el presidente López Obrador todas las obras se convirtieron en asignaciones directas, -con alto grado de opacidad-, para favorecer a los cercanos y para tener controlados a quienes se quiere corromper.
Hasta el final de la administración del presidente Peña Nieto, -con todo y sus historias de corrupción-, había una orientación de la administración pública tendiente hacia la transparencia, la claridad y la certeza jurídica. La administración pública era una carrera que en esa época se estaba profesionalizando a través de la creación de instituciones que garantizaban la transparencia.
La asignación de contratos era por concurso, pero a partir de la administración de López Obrador, se transformaron en asignación directa. Todas las grandes obras de López Obrador están protegidas del escrutinio público bajo la figura de “información reservada”, lo cual estimula la corrupción, pero deja en el ámbito gubernamental comprometida la lealtad del beneficiario para con él en lo personal, y para con su proyecto político.
Todos sabemos que la alternancia partidista en un país, evidentemente es el resultado de las elecciones cuando ya está instaurado el sistema democrático y se respetan sus reglas.
En contraste, los cambios políticos profundos, -esos que implican un cambio de sistema-, generalmente nacen desde dentro del partido en el poder, porque implican voluntad política de quien está a la cabeza y puede impulsarlos.
El inicio de la alternancia democrática que marcó el fin de la hegemonía priísta no se le debe a Vicente Fox, -que fue el beneficiario-, sino al presidente Zedillo, que puso orden en el sistema político para respetar la voluntad del pueblo expresada en esa elección presidencial.
A su vez, el fin de la Unión Soviética no fue resultado, -ni de manifestaciones ciudadanas-, ni de movimientos independentistas de los países que formaban parte del bloque soviético, sino de una visión de estado del presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorvachov.
Desde que terminó la Revolución Mexicana y se inició el priato, se empezó conformar el “sistema corruptor”.
Desde la fundación del PNR en 1929, -padre del PRI-, la “no reelección” se convirtió en un dogma sagrado que nadie se ha atrevido jamás a cuestionar hasta nuestros días.
Por ello, -para fortalecer el control-, se creó en la práctica un sistema corruptor que permitía al presidente, -durante seis años-, operar con poder absoluto durante su sexenio y pretender imponer a su sucesor, para extender su influencia otro periodo más.
Este sistema corruptor implicaba, -dentro de ciertos límites que nunca estaban claros-, la decisión de dejar enriquecerse a quienes también ejercen poder, sabiendo que la impunidad que éstos disfrutarían se subordinaría a una lealtad absoluta al presidente y a su proyecto político.
De este modo, la mayor parte de los políticos no tiene las manos totalmente limpias, lo cual los vuelve vulnerables frente a la acción de la justicia y los convierte en incondicionales del régimen en el poder, para tener impunidad.
Sólo quienes tienen la conciencia totalmente limpia pueden ejercer el rol de opositores con éxito. Sin embargo, también existe otro rol de opositores: aquellos que no tiran la última estocada a fondo y se frenan a tiempo. Éstos se convierten en personajes útiles al régimen, pues estimulan la percepción pública de que en México se vive la democracia. Además, otorga al gobierno en funciones la etiqueta de respetuoso y de defensor de la libertad de expresión. En este rol juegan los opositores que se enriquecieron aprovechando cargos anteriores y saben que pasar ciertos límites puede ser peligroso.
En los tiempos del neoliberalismo, -cuando alguien se excedía de los límites-, se podía hacer acreedor a un castigo, que era capitalizado por el gobierno en turno presentándolo como un escarmiento que daba un mensaje al país: no se toleraba la corrupción. De este modo Peña Nieto dio este mensaje con la detención y encarcelamiento de seis gobernadores de su propio partido, durante su sexenio.
Sin embargo, durante el gobierno de López Obrador el afán corruptor se volvió un dragón que obedecía sólo al presidente, llegando incluso a corromper a las cabezas de instituciones honorables y respetadas.
La asignación directa era la varita mágica que permitía premiar a unos, -enriquecer a los que formaban parte de su círculo personal-, y corromper a quienes necesitaba convertir en cómplices.
Además, la tolerancia frente a los indicios de que algún alto funcionario público hacía negocios con el crimen organizado aumentó el control político del presidente y fortaleció la lealtad hasta niveles incontrolables, en los que vastas regiones del país quedaron en manos del contubernio entre políticos y criminales.
Por ello el presidente López Obrador volteaba hacia otro lado cuando la opinión pública, -o la prensa-, denunciaban el contubernio entre algún funcionario público y la delincuencia organizada y se justificaba con su lema: “abrazos no balazos”.
Incluso, el control llegó al grado de ofrecer impunidad a gente impresentable, a quienes el manto presidencial, -convertido en aval-, los convertía en intocables frente a las instituciones de justicia.
Podemos concluir que la lucha contra la corrupción en México hoy es, -y siempre ha sido-, un teatro demagógico.
La corrupción es un cáncer muy extendido porque se ha convertido en un sistema de redistribución, por una parte, y de control político por otra, donde además, la injerencia del crimen organizado, -totalmente empoderado hoy-, añade variables de alta peligrosidad política, pues las pruebas de los delitos de los funcionarios públicos las tienen los criminales, para utilizarlas como una herramienta de negociación.
Frente a este complejo panorama debemos hacer varias consideraciones.
No es el gobierno de Estados Unidos quien va a venir a resolver nuestros problemas con actitud injerencista, pero sí puede agravarlos con armas económicas que pueden tener alto impacto social y político dentro de nuestro país y crear escenarios de alta inestabilidad social y política.
La solución real, -que cambie favorablemente el rumbo de este país-, debe salir de Palacio Nacional.
Debe neutralizar este sistema corruptor aprovechando la tecnología, para garantizar transparencia. Llevar al país nuevamente a la senda del Estado de Derecho requiere de decisiones políticas de altísimo impacto dentro de México.
Quizá la presidenta Sheinbaum no lo ha percibido aún, pero detrás de este nuevo contexto de alta peligrosidad política, quizá se esté perfilando para ella una gran oportunidad para transformar este país de modo contundente y dejar un legado que marque un positivo antes y un después.
Evidentemente ésto implica tomar fuertes decisiones personales como punto de partida, lo cual significa romper con lealtades destructivas.
Sin embargo, lo que seguiría después sería casi una reconstrucción de nuestro sistema político y gubernamental.
Para un país tan pragmático y complejo como el nuestro, -y en un contexto fuera de serie como lo está siendo el actual-, con la intervención de Estados Unidos y de organismos que forman parte de la ONU, se requiere analizar alternativas con mente abierta y no con actitudes reactivas y sentimentales.
Lo primero sería desmantelar el “Sistema Corruptor” que permitió y estimuló la corrupción. Regresar a las licitaciones públicas y penalizar las asignaciones directas.
Una cruzada a favor de la transparencia es fundamental.
Por parte de los partidos políticos se vuelve urgente analizar el perfil moral de los candidatos sometiéndolos a pruebas psicológicas profundas, que nos describan la fortaleza de sus valores morales, por encima de su popularidad.
Focalizar la batalla contra la corrupción y la narcopolítica en la simple detención y juicio contra unos funcionarios públicos y actores políticos icónicos, no resuelve nada si en paralelo no se desmantela el sistema corruptor que seduce a políticos ambiciosos para tenerlos controlados bajo la amenaza de acciones judiciales en su contra… o impunidad total a cambio de su lealtad al régimen.
LO QUE SE VE… NO SE JUZGA
La presidenta no se cansa de decir que no hay pruebas suficientes para inculpar a Rocha Moya, pero promete que investigarán las instituciones responsables de esta encomienda.
La realidad es que investigarán pretendiendo no encontrar. Esa es la línea. Es evidente que nuestras instituciones hoy están al servicio de los intereses políticos de quienes gobiernan. Simplemente los testimonios y denuncias de la violenta jornada electoral en que Rocha Moya ganó la gubernatura son suficientes para inculparlo.
Es más, si desapareciera el 90% del área de investigación de la FGR y simplemente el equipo de comunicación social se encargase de recabar lo que el área de investigación de la prensa nacional consigna en sus portales, ya tendrían el 90% del trabajo hecho. Seguramente esos portales están llenos de mentiras… no cabe duda… pero simplemente con investigar esos datos a conciencia le pondrían en contacto con fuentes documentales que si serían creíbles. Con que el 10% de lo investigado, -teniendo como punto de partida investigación periodística-, sea verídico, ya habría suficiente material para proceder judicialmente contra muchos funcionarios públicos y legisladores.
Sin embargo, se necesita voluntad política para aceptar lo que ya se ve como irrefutable. La frase de Juan Gabriel “lo que se ve no se juzga” respalda esta percepción pública.
Es una verdad incuestionable que la prensa mexicana tiene mejores técnicas de investigación que las instituciones que forman parte del Estado Mexicano. Aceptar lo contrario significaría que las instituciones gubernamentales ocultan y manipulan información, lo cual, moral y jurídicamente es peor. ¿Con cuál versión de estas dos se queda usted?
Y qué decir de la UIF mientras estuvo al mando de Pablo Gómez … ¿Cómo se esfumaron en sus narices 600 mil millones de pesos que debieron haber entrado a las arcas de Hacienda a través del huachicol fiscal? … ¿A dónde fueron a parar? … ¿Se desaparecieron en el infinito sin pasar por el sistema bancario? …
Si el SAT es capaz de descubrir si usted depositó 15 mil pesitos en efectivo en su cuenta de cheques personal, ¿Cómo se le esfumaron 600 mil millones de pesos a la UIF de Pablo Gómez?
Parece ser que el perfil profesional del recién designado titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, -fogueado en las áreas de investigación en el ámbito judicial-, podrá dar buenos resultados.
SERVICIOS DE INTELIGENCIA
Es ilógico que este gobierno morenista pretenda fincar responsabilidades a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos por la participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Si los sistemas de inteligencia militar no identificaron a los policías extranjeros, -que a final de cuentas eran aliados-… ¿Cómo van a identificar a enemigos o a terroristas?
La voz de alerta debía de haber llegado de alguno de los servicios de inteligencia del ámbito federal y no del gobierno del estado. ¿No cuentan con el software “PEGASUS” que es de altísima tecnología?
Si no hubiera sucedido el lamentable accidente automovilístico, nadie se habría percatado de la nacionalidad de estos agentes.
El caso de Maru Campos se convirtió en un problema de competencia política, que incluso se está utilizando como un distractor respecto al caso Rocha Moya.
El mensaje que dio en el Senado Luis Donaldo Colosio para exigir respeto al Estado de Chihuahua y a sus instituciones, es impecable.
Que el Senado se convierta en juez de la gobernadora Maru Campos es un golpe al federalismo, que es el eje de nuestro modelo de gobierno.
¿A usted qué le parece?
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