Desde febrero empezó a notarse el derrame en el Golfo de México: manchas de hidrocarburo frente a Campeche, que se fueron expandiendo hasta alcanzar casi 300 kilómetros cuadrados. Semanas después, la contaminación llegó a Tabasco, Veracruz y luego Tamaulipas; para marzo ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados y 51 comunidades con presencia de chapopote.
Lo más grave es que la población costera se quedó sin información, sin preparación y sin protección frente a un daño que ya avanzaba. Y es que aun con maniobras de atención en la zona, no hubo alerta pública de la autoridad. Los pescadores se enteraron cuando vieron sus redes contaminadas y los prestadores de servicios turísticos cuando empezaron las afectaciones a su sustento.
El 2 de marzo Pemex aseguró que no había detectado ninguna fuga o derrame en sus instalaciones. Después vinieron más deslindes y explicaciones que hoy sabemos eran falsas. Durante semanas se culpó a una empresa privada y a emanaciones naturales. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se atrevió incluso a aplicar la ya conocida y manoseada estrategia de culpar a los que ya no gobiernan. Señaló a la administración de Peña Nieto por los permisos energéticos que otorgó a empresas privadas.
El 16 de abril, Pemex terminó por admitir que el derrame sí se originó en una de sus instalaciones y que la fuga había sido detectada desde el 8 de febrero. Su director, Víctor Rodríguez, dijo que hubo reparaciones en un oleoducto sin que él estuviera enterado y prometió revisar protocolos para que los futuros derrames se reporten antes, se midan mejor y se actúe con mayor rapidez. Explicó que la fuga fue negada sistemáticamente por las áreas operativas, que hubo irregularidades graves en el manejo del derrame y que la válvula principal se cerró hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. El asunto se saldó con la separación de tres de sus trabajadores.
El costo en pesos ha sido inmenso. Se han desplegado más de 3 mil 300 elementos, 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves y 5 mil 100 metros de barreras de contención, para recuperar más de 900 toneladas de residuos.
La discusión no puede cerrarse con tres destituciones. Tienen que informar cuánto hidrocarburo se derramó, cuánto costará remediar el daño, cuánto deberá cubrir Pemex y cuál será el plan integral de restauración ambiental con metas y mecanismos de seguimiento público. La mentira ya fue sancionada, pero el daño ambiental no.
La costa se contaminó y la credibilidad de las autoridades junto con ella. La verdad que llega tarde y llega a medias no sabe a verdad. La falta de transparencia y las versiones tardías provocan que se pierda la confianza. Queremos con orgullo que globalmente se le siga llamando Golfo de México. Además de nombrarlo, tendríamos que empezar por cuidarlo.
Corrieron a quienes supuestamente ocultaron la información, pero quedó expuesta la fragilidad de los controles en la cadena de mando. Si algo así pudo negarse tanto tiempo, es evidente que algo anda muy mal en la petrolera. La explicación de Pemex llegó cuando el daño ya no era una sospecha, sino algo visible en el mar y en tierra. Da la impresión de que reconocieron su responsabilidad a estas alturas, porque la evidencia los rebasaba. Eso ya no es informar; es confesar.
@PaolaRojas