Los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias revivieron un debate toral. La propuesta del gobierno debe explorarse con atención a los detalles. El desafío consiste en garantizar mecanismos efectivos de protección para las audiencias, sin construir escenarios que deriven en censura. Y es que la ambigüedad en algunos de sus planteamientos pudiera abrir la puerta a criterios discrecionales que limiten la libertad de expresión y la tan acotada independencia de los medios de comunicación.
Empecemos por recordar que los derechos de las audiencias ya están reconocidos en la Constitución y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El asunto clave es quién decide cuándo un medio atropella esos derechos y con qué criterios. Lo delicado es que no están claros sus alcances y, por lo tanto, su eventual uso para callar a las voces incómodas para el oficialismo.
Si bien buena parte de la influencia se concentra hoy en los medios digitales, los lineamientos serán obligatorios solo para los medios tradicionales. Por ello, los concesionarios de radio, televisión abierta, televisión de paga y programadoras se sienten en franca desventaja.
El documento asegura que sus disposiciones no podrán usarse para restringir la libertad editorial. Agrega que el objetivo es que la información sea veraz, plural y oportuna; que se distinga claramente entre información, opinión y publicidad; que se garantice el derecho de réplica; que se acceda a contenidos plurales, libres de discriminación y con respeto a los derechos humanos. También obliga a adoptar medidas para evitar la difusión de noticias falsas o descontextualizadas.
Todo eso parece muy sensato, pero el diablo está en los detalles. Uno de ellos es que la iniciativa gubernamental prevé que, en última instancia, sea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la que resuelva las controversias y defina las sanciones, por lo que sería deseable primero reforzar la vapuleada autonomía de esa Comisión. Mientras eso no suceda, el gobierno tendrá en sus manos el difícil equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad informativa, con lo que el periodismo podría fácilmente ser rehén de cualquier tentación autoritaria.
Por eso el debate sobre los nuevos lineamientos debe ser público y transparente. Si en su diseño no hay pluralidad y verdaderos consensos, la protección de las audiencias se podría convertir en un mero pretexto para sancionar a quien se atreve a disentir.
@PaolaRojas