De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a escala mundial 170 mil personas trabajadoras agrícolas mueren en el lugar de trabajo cada año. Esto significa que corren el doble de riesgo que quienes laboran en otros sectores.
El riesgo aumenta debido a que mayoritariamente trabajan en la informalidad, sin acceso a servicios de salud, seguridad social, agua potable y espacios adecuados para el descanso. La situación se torna mucho más crítica al considerar la inestabilidad laboral, bajos salarios, jornadas prolongadas a la intemperie, exposición a temperaturas extremas, realización de tareas repetitivas que generan desgaste físico y mental, así como manejo de maquinaria, herramientas y sustancias químicas. De ahí la importancia de formalizar este sector con un enfoque de derechos humanos y conforme las normas internacionales, a fin de alcanzar la justicia social, el trabajo decente y el desarrollo sostenible.
La reforma al marco jurídico sobre certificación laboral para la agroexportación enviada al Congreso de la Unión por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, publicada el pasado 1° de mayo en el Diario Oficial de la Federación, fue un gran acierto.
Entre otros aspectos que abordaré en otro artículo, como la facultad del gobierno para regular o restringir la exportación de productos para prevenir la deforestación y el cambio de uso de suelo no autorizado, la regulación arancelaria y el cumplimiento de compromisos internacionales para evitar un bloqueo al comercio exterior, el objeto central de la reforma es fortalecer la protección integral de las personas trabajadoras del campo. En otras palabras, asegura que las empresas exportadoras de productos agrícolas cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social, ya que en caso de no hacerlo se les impondrán sanciones y negará la emisión del certificado, impidiéndoles exportar sus productos.
Las personas trabajadoras del campo han enfrentado históricamente condiciones de vulnerabilidad, abuso, explotación y discriminación, e incluso han sido víctimas de trata de personas en muchos campos agrícolas. Garantizar sus derechos laborales y de seguridad social era impostergable.
En nuestro país el sector agrícola es un componente estratégico para la economía y la seguridad alimentaria, en conjunto con la ganadería concentra el 10.59% de la población ocupada a nivel nacional, convirtiéndolo en el tercer sector con más personas trabajadoras; sin embargo, ocho de cada diez carecen de acceso efectivo a prestaciones laborales, servicios de salud, seguridad social y mecanismos adecuados de protección frente a riesgos de trabajo.
Ahora, lo que parecía un sueño inalcanzable será una realidad: las trabajadoras y trabajadores del campo tendrán acceso a los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; así como guarderías y prestaciones sociales.
Las personas trabajadoras agrícolas desempeñan un papel de vital importancia en la sociedad, son la base de la producción alimentaria que sostiene a las comunidades a nivel global. Saldar la deuda histórica, reduciendo las profundas brechas estructurales existentes, es una obligación ética y moral que confirma a la prosperidad compartida como el único camino posible hacia la justicia social.
Activista social
@larapaola1
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