Por Iván Carrillo
Después de lo que hemos visto este verano con los incendios forestales en Europa, en México convendría poner las barbas a remojar.
Al 29 de julio, los incendios habían afectado casi 435 mil hectáreas en la Unión Europea, de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, EFFIS. La cifra ya superaba tanto la registrada en el mismo periodo de 2025 —el peor año del que se tiene registro— como el promedio de las dos décadas anteriores. Además, se habían detectado mil 407 incendios y calculado emisiones por casi 18 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Lo revelador no es solo la superficie quemada. Es la rapidez con la que una temporada puede rebasar los antecedentes cuando coinciden calor, sequedad, vegetación inflamable y territorios vulnerables.
México no es Europa y sus condiciones forestales son distintas. Pero la advertencia es pertinente, sobre todo porque nuestro país tiene en marcha una estrategia de reforestación que vale la pena revisar ahora, cuando 2026 ha cruzado ya la mitad del calendario.
El 9 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal informaron que la estrategia correspondiente a 2025 y 2026 comprende 2 mil 328 proyectos, con el objetivo acumulado de intervenir 32 mil 764 hectáreas mediante 15.5 millones de plantas. El anuncio también contempla una inversión de 250.5 millones de pesos en Oaxaca.
Las cifras son importantes. Implican recursos públicos, trabajo técnico y la posibilidad de recuperar suelos, bosques y selvas dañados. También ofrecen una escala concreta para evaluar la política.
Pero conviene empezar por una precisión: reforestar no es necesariamente restaurar.
Plantar árboles puede formar parte de una restauración ecológica, pero no la garantiza. Una planta puede morir en la siguiente temporada seca. Puede haberse colocado en un suelo erosionado, sin agua suficiente o en un sitio que no corresponde a sus necesidades. Incluso puede sobrevivir sin que el ecosistema recupere biodiversidad, conectividad, fertilidad o capacidad para regular el ciclo del agua. La distinción no es semántica. Es el centro del problema.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece que, para 2030, al menos 30 por ciento de los ecosistemas degradados terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos debe estar bajo restauración efectiva. El objetivo no consiste simplemente en aumentar el número de plantas, sino en mejorar la biodiversidad, las funciones ecológicas, la integridad y la conectividad de los ecosistemas.
Por eso, la estrategia mexicana puede alinearse con esa meta internacional, pero únicamente si las hectáreas intervenidas entran realmente en procesos de recuperación y seguimiento.
La propia guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica señala que una restauración efectiva debe contar con recursos adecuados y ser monitoreada a lo largo del tiempo. También exige identificar qué tipo de restauración se realiza, cuáles son sus objetivos y qué ecosistema pretende recuperarse. Aquí es donde debemos pasar del anuncio a las preguntas.
¿Dónde se encuentran los 2 mil 328 proyectos? ¿Qué extensión corresponde a bosques templados, selvas, manglares o zonas áridas? ¿Qué especies se están utilizando? ¿Son nativas y adecuadas para cada territorio? ¿Cuánto dinero se destina a mantenimiento? ¿Qué tasa de supervivencia se espera después de uno, tres y cinco años?
Y una pregunta todavía más básica: de las 32 mil 764 hectáreas anunciadas para 2025 y 2026, ¿cuántas ya fueron atendidas y cuántas siguen siendo una meta pendiente?
El comunicado oficial permite conocer la escala general, pero no responde por sí solo a esas preguntas. Eso no significa que el programa esté fallando. Significa que todavía necesitamos información suficiente para saber si está funcionando.
Pensemos en una comparación doméstica. Sería como contratar a un jardinero para recuperar el jardín de nuestra casa, pagarle para comprar plantas y considerar terminado el trabajo el día en que las coloca en la tierra. Sin volver a mirar si las regó, si eligió las especies correctas, si mejoró el suelo o si todo se secó un mes después. Nadie administraría así su propio patrimonio.
En este caso, además, el dinero proviene de nuestros impuestos. Por eso, como sociedad, tenemos derecho a saber qué se está haciendo, cuánto cuesta y cuáles son los resultados. La vigilancia no debe entenderse como una forma de desacreditar la política pública, sino como una condición para mejorarla.
Hay razones para una esperanza cautelosa. La estrategia existe, tiene metas cuantificables y se desarrolla en miles de proyectos. Eso permite documentar avances, comparar resultados y corregir errores. Además, si los trabajos incorporan a ejidos, comunidades y propietarios que conocen el territorio, pueden crear capacidades locales y aumentar las posibilidades de mantenimiento a largo plazo.
Pero también hay razones para el escepticismo. Los gobiernos suelen informar con precisión cuántos árboles fueron plantados. Con mucha menor frecuencia publican cuántos sobrevivieron. La fotografía de funcionarios y voluntarios sosteniendo una plántula resulta atractiva; el monitoreo cinco años después produce menos titulares. Sin embargo, ahí se decide el éxito.
Los incendios europeos nos recuerdan la velocidad con la que se puede perder un paisaje forestal. La estrategia mexicana abre una oportunidad para recuperar territorio y aumentar nuestra resistencia frente a sequías, incendios y temperaturas extremas. Pero no debemos confundir actividad con resultado.
Editor general Celsius Media.
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