Alejandra Latapi
Vivimos una época paradójica. Nunca había existido tanta información disponible y, sin embargo, nunca había sido tan difícil distinguir entre información, propaganda, manipulación y desinformación. La libertad de expresión y el derecho a la información enfrentan desafíos que ya no siempre llegan mediante la censura tradicional. Hoy aparecen nuevas formas de limitar el debate público: reformas legislativas restrictivas y persecutorias, presiones económicas, campañas de desprestigio, litigios intimidatorios, ataques digitales y amenazas cumplidas que conducen a territorios donde el silencio se impone porque informar llega a costar la vida.
El periodismo profesional e independiente se vuelve, en este contexto, un trabajo cada vez más vulnerable. Ejercerlo con rigor se ha vuelto más costoso, más expuesto y, en muchos casos, más solitario. Investigar toma tiempo; realizar investigaciones requiere recursos y resistir presiones políticas o económicas necesitaría instituciones sólidas que hoy están desdibujadas. Sin un periodismo que verifique, contraste y jerarquice información, el espacio público se llena de ruido. Y en ese ruido lo cierto y lo falso se confunden. La verdad no desaparece sino pierde fuerza, se diluye entre versiones interesadas, emociones intensas y narrativas diseñadas para polarizar.
En ese escenario, la ciudadanía no necesariamente deja de informarse. Pero sí se vuelve más difícil distinguir qué información merece confianza. Y cuando eso ocurre, la conversación pública se degrada: ya no se discuten hechos compartidos, sino relatos en competencia permanente, en los que pesan más las emociones, las consignas y las lealtades políticas.
Sin periodistas que, además, hagan las preguntas incómodas, la población queda desarmada frente al poder. Las redes sociales multiplican voces, pero no necesariamente reflejan la verdad. Confunden popularidad con credibilidad y viralidad con evidencia.
Frente a este escenario surge una pregunta que nos interpela: ¿qué papel le corresponde a la sociedad civil? Porque una prensa libre no puede sobrevivir únicamente por la convicción de quienes la ejercen. Necesita ciudadanas y ciudadanos que la defiendan, instituciones que la protejan y audiencias dispuestas a sostenerla.
Con frecuencia exigimos periodismo de calidad, pero pocas veces nos preguntamos quién debe financiarlo. Nos hemos acostumbrado a recibir información gratuita, mientras el costo de producir investigación seria, cobertura profesional y verificación de datos aumenta cada día. Una democracia madura implica comprender que aquello que consideramos indispensable merece nuestro respaldo, incluso económico.
Defender al periodismo independiente no significa proteger un gremio. Significa defender el derecho a saber qué hacen quienes gobiernan. Significa proteger la posibilidad de exigir cuentas, denunciar abusos y tomar decisiones libres a partir de información confiable.
La democracia se deteriora cuando dejamos de distinguir entre información y propaganda, entre investigación y descalificación, entre crítica y traición. Si aceptamos que el poder sea quien decida quién merece ser creído y quién debe ser silenciado, perdemos también la libertad y la capacidad de decidir. Y cuando el periodismo deja de incomodar al poder, es porque el poder ya encontró la forma de domesticarlo.
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