Roberto Heycher Cardiel Soto
"El espacio público es el hogar de todos y no es propiedad de nadie", escribió Nora Rabotnikof. Es ahí donde se cruzan los intereses y los miedos colectivos, donde ciudadanos y Estado interactúan, donde se forma —como planteó Jürgen Habermas— “la opinión pública y la voluntad política”. Pero ¿qué ocurre cuando ese espacio comienza a cerrarse?
A inicios de los años 80, la publicación de Escritos Políticos —con reflexiones de autores como Weber, Schmitt y Kelsen— influyó en el pensamiento latinoamericano al vincular los conceptos de transición y democracia con los cambios institucionales de la región. Esta influencia permitió pasar de una visión idealizada de la democracia a una más realista, centrada en principios concretos como la soberanía popular y la participación ciudadana, entendiendo la democracia como un proceso deliberativo en el espacio público. Bajo esta nueva mirada, los países comenzaron a evaluar sus trayectorias políticas entre los polos de democracia y autoritarismo: mientras Argentina y Chile reivindicaban el período pre-dictatorial como democrático, en México se evidenciaba un modelo formalista que encubría un régimen hegemónico, como señaló Nora Rabotnikof.
América Latina pasa por un momento crítico. Aunque muchos países celebran elecciones periódicas, la calidad de su espacio público es cada vez más desigual. El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina muestra un fenómeno que habla por sí solo: Ecuador, Perú y México encabezan la lista de países que más han modificado sus reglas electorales, con 44, 31 y 25 reformas respectivamente. Este hiper-reformismo no siempre fortalece la democracia; a veces, refleja una búsqueda desesperada de legitimidad en contextos de creciente desconfianza.
Como advirtió José Woldenberg, generar y preservar un espacio público democrático exige tolerancia, pluralismo, diálogo, legalidad y participación. Sin estos atributos, lo que queda es una fachada de democracia.
En México, la inseguridad y la concentración del poder amenazan el derecho a disentir. La libertad de expresión se encuentra bajo presión: el país ha regresado a niveles similares a los años noventa en este indicador, según datos de V-Dem, mientras los asesinatos y amenazas contra periodistas siguen al alza. A esto se suma la cooptación institucional: la expansión de un solo partido ha reducido la pluralidad del debate público.
Venezuela lleva más de una década sin un espacio público efectivo: los medios independientes han sido clausurados, la oposición silenciada y la ciudadanía reprimida. Argentina, aunque mantiene ciertas garantías, vive una polarización que limita el diálogo y enturbia el consenso básico.
En contraste, Chile, Uruguay y Costa Rica son ejemplos de resiliencia democrática. Han logrado mantener entornos seguros para la deliberación, con prensa libre, instituciones robustas y participación activa. En Chile, la ciudadanía protagonizó un proceso constituyente inédito; en Uruguay, la legalidad y el pluralismo siguen siendo la norma.
El espacio público es el termómetro de la democracia. Allí donde la ciudadanía puede expresarse sin temor, votar libremente, debatir con respeto e influir en las decisiones comunes, la democracia se fortalece. Pero donde el miedo silencia, la violencia domina y el poder se concentra, ese espacio —que no es de nadie, pero nos pertenece a todos— empieza a desaparecer.
Protegerlo es una necesidad vital para la democracia en América Latina.
Director de Sicentia, Núcleo de Inteligencia.
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
