Cuando estalló el escándalo de la “casa blanca” –la que Angélica Rivera había comprado a un contratista favorito del gobierno–, el presidente Peña Nieto rescató a la Secretaría de la Función Pública y ordenó a su flamante titular que emprendiera una investigación para “deslindar responsabilidades”, bajo la vigilancia de un comité de expertos que habría de “garantizar la más absoluta transparencia”. Todo el mundo anticipó el desenlace: la investigación serviría para decir que nadie actuó fuera de las normas, a pesar de la “apariencia” de ilegalidad de esa compraventa.
Hoy anticipamos el mismo desenlace con la investigación abierta en contra de Rubén Rocha Moya. Las armas jurídicas de México se cubrirán de gloria ante la ofensiva de los invasores extranjeros, para rescatar la honra del hoy licenciado gobernador de Sinaloa y de sus allegados. La FGR no abrió carpetas de investigación sobre esos casos sino hasta que estalló el escándalo promovido por el aparato de justicia de Estados Unidos; y no lo hizo para atender la solicitud de extradición a secas, sino para defender las decisiones soberanas del gobierno mexicano. Que nadie olvide el apotegma juarista: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley”.
El gobierno mexicano celebrará y difundirá, como lo ha hecho varias veces, los juicios emprendidos contra funcionarios de las administraciones anteriores, contra sus adversarios políticos o contra presuntos criminales que no formen parte de sus filas, que con gusto seguirán siendo enviados en aviones militares a los Estados Unidos cada vez que haga falta, como ha sucedido con casi una centena de reos expulsados sin juicio previo. Pero que no se metan con los amigos y los leales al gobierno de la 4T porque “eso sí calienta”, diría el creador del movimiento. La colaboración sin subordinación lleva implícito un principio de solidaridad política: todo lo que quieran contra los demás, pero nada en contra de nosotros.
Este episodio es una variante de lo que ya había ocurrido antes con la detención del general Cienfuegos, acusado de cargos similares a los que ahora se le imputan al grupo que ha gobernado Sinaloa bajo las siglas de Morena. En aquella ocasión, el presidente López Obrador actuó como lo está haciendo ahora Claudia Sheinbaum, exigiendo la inmediata cancelación de cualquier proceso penal incoado fuera de México en contra de Cienfuegos y ofreciendo a cambio una investigación a través de la FGR que, como era de esperarse, no encontró ninguna prueba digna de ser tomada en cuenta para sancionar a quien fuera la cabeza de las fuerzas armadas mexicanas.
Sin embargo, es obvio que el gobierno de Donald Trump tiene “otros datos” y otras prioridades. Tengo muy presente su discurso durante la instalación del ominoso grupo denominado “American Shield”, en el que no solo se burló con escarnio de las respuestas de la presidenta mexicana a sus reiteradas propuestas de intervención armada contra los capos de los cárteles, sino que lanzó amenazas directas al gobierno mexicano por sus presuntos vínculos con ellos. Y de otro lado, la ira de la presidenta Sheinbaum contra la gobernadora de Chihuahua por haber permitido la entrada de la CIA a esa entidad sin pedir permiso ya anticipaba una tormenta diplomática cuyas secuelas, me temo, apenas asoman.
El llamado urgente de la presidenta a defender nuestra soberanía revela que la ruptura entre esas dos versiones irreconciliables de buenos contra malos ya no tiene vuelta atrás. Dudo que el gobierno de los Estados Unidos decida cerrar la caja de Pandora que abrió con el caso Rocha Moya sin obtener nada sustantivo a cambio, mientras que del lado mexicano la defensa férrea del aparato político que encabeza López Obrador es cuestión de vida o muerte.
Investigador de la Universidad de Guadalajara