El conflicto en torno a Rubén Rocha Moya es mucho más que una simple diferencia diplomática con EU. Exhibe la subordinación del gobierno al sexenio anterior. Llama la atención que la crisis haya estallado a la salida del canciller de la Fuente. Desde el inicio, la reacción presidencial ha sido defensiva, evasiva. Cuidadosamente calculada para evitar cualquier fisura en la gran grieta de Morena. La presidenta Sheinbaum no habla como jefa de Estado; es la administradora de equilibrios internos. Cada declaración está redactada para no esclarecer los hechos; se lanza para proteger al movimiento político al que pertenece el apestado gobernador sinaloense.
Insistir en que “no existe solicitud formal de extradición” o en que “deben presentarse pruebas concluyentes” es una obviedad jurídica utilizada como escudo político. Como lo escribió Diego Oré en Reuters: Ningún gobierno serio necesita esperar a que Washington dicte órdenes para abrir investigaciones propias cuando existen acusaciones internacionales de semejante gravedad, además de un Tratado internacional en que se basa la solicitud.
Mientras el gobierno estadounidense habla de presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al fentanilo, en México la prioridad es proteger a Morena y evitar daños a la narrativa de AMLO.
Sheinbaum ha elegido el peor camino: ni confronta abiertamente a EU, ni actúa con firmeza institucional en México. Se refugia en ambigüedades sobre soberanía mientras evita el núcleo: la penetración del crimen organizado en la vida nacional.
El argumento soberanista de tanto machacarse suena vacío, repetitivo, cínico. La soberanía no consiste en encubrir gobernadores sospechosos. Tampoco en convertir el nacionalismo en coartada política. Un Estado soberano demuestra fortaleza investigando con rigor a sus propios funcionarios, no indignándose selectivamente: te extradito a los delincuentes deleznables, pero protejo a mis socios poderosos.
Claudia Sheinbaum llegó al poder con todos los recursos para proyectar una figura técnica, racional, moderna. Ahora reproduce el viejo manual priista: cerrar filas, desacreditar presiones externas, administrar tiempos políticos y apostar al desgaste mediático. Ya solo falta una concentración masiva de desagravio. La diferencia es que México enfrenta ahora un contexto muy peligroso: crisis de violencia, infiltración criminal y desconfianza institucional.
El problema no es Rocha Moya. El verdadero problema es la percepción creciente de que en la 4T pesa más la lealtad política que la legalidad. Y cuando esa percepción se instala dentro y fuera del país, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Según Patrick J. McDonnel (Los Angeles Times) para Washington este episodio tampoco es un incidente aislado. La relación bilateral atraviesa tensiones crecientes por el tráfico de fentanilo, la migración y la seguridad fronteriza. En ese contexto, la tibieza del gobierno mexicano alimenta la idea en EU de que no hay voluntad para combatir seriamente las redes criminales protegidas políticamente.
Más preocupante es que Sheinbaum gobierna bajo la premisa de no contrariar jamás al odiado obradorismo, lo que debilita su autoridad. Cada día que pasa sin una acción contundente fortalece la impresión de que México tiene una presidenta atrapada entre lo que se exige para gobernar constitucionalmente y las lealtades al movimiento. Se corre el riesgo de convertir una crisis judicial en una crisis de legitimidad nacional. Y en política, la percepción de encubrimiento suele ser tan destructiva como el encubrimiento mismo.
Rocha Moya declaró socarrón antes de esconderse que no iba a pasar nada. Ya se ve que sí está pasando.
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